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En Doral, conocida como la "Pequeña Venezuela" o "Doralzuela", crece el temor ante el posible fin de las protecciones migratorias que han permitido a cientos de miles de venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Desde febrero, el gobierno de Donald Trump ha desmantelado dos programas federales clave, dejando en incertidumbre a más de 700,000 venezolanos.
En esta ciudad de 80,000 habitantes, situada en el corazón del área metropolitana de Miami, el tema domina todas las conversaciones. El riesgo de deportaciones masivas mantiene en vilo a familias enteras, muchas de las cuales ya están arraigadas social y económicamente en el país.
Uno de los programas afectados es el Estatus de Protección Temporal (TPS), creado para ciudadanos de países considerados inseguros.
Un juez federal ordenó el pasado 31 de marzo mantener el TPS vigente hasta que avance el proceso judicial, lo que brinda un respiro temporal a unos 350,000 venezolanos. Sin embargo, otro programa de permiso humanitario, que ha beneficiado a más de 500,000 personas, expirará el 24 de abril si no se produce una intervención judicial.
Las tiendas, estaciones de servicio y restaurantes en Doral están impregnados de cultura venezolana: harina pan, queso blanco, arepas, gorras tricolores. El español predomina sobre el inglés, y los residentes describen la ciudad como “Venezuela con más seguridad”.
Aunque el fin de estas protecciones ha generado escasa reacción política en general, tres congresistas republicanos cubano-estadounidenses, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, han pedido a la administración Trump no deportar a venezolanos sin antecedentes penales y evaluar cada caso de forma individual.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, también se pronunció con firmeza, instando a Trump a buscar una vía legal para regularizar a quienes han contribuido al desarrollo local. “Estas familias no quieren limosnas; quieren trabajar, construir e invertir en este país”, expresó.