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La Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó este jueves su respaldo a la legitimidad democrática del Gobierno de Guatemala, luego de que el canciller Carlos Ramiro Martínez denunciara ante el organismo un caso de “lawfare” o persecución judicial con fines políticos contra la administración del presidente Bernardo Arévalo de León.
- “Nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados que buscan generar una crisis política y desestabilizar al Gobierno”, advirtió Martínez durante una sesión extraordinaria en la sede de la OEA en Washington.
El canciller reiteró que existen intentos de “golpe de Estado blando” promovidos por miembros del sistema judicial sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales pretenden distorsionar los resultados electorales de 2023 y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
El secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, respaldó públicamente la legitimidad del Ejecutivo guatemalteco, destacando que la decisión democrática del pueblo debe ser respetada por todos los actores institucionales.
- “La reciente opinión de la Corte de Constitucionalidad no deja lugar a dudas sobre la legitimidad del presidente y su Gobierno. Cualquier intento de socavar este mandato afecta la estabilidad de Guatemala y los valores democráticos que defendemos en el hemisferio”, afirmó Ramdin.
Los Estados miembros de la OEA coincidieron en respaldar la continuidad del orden constitucional y condenar cualquier maniobra que ponga en riesgo el proceso democrático guatemalteco.
La OEA anunció el envío de una misión especial de expertos a Guatemala para dar seguimiento a la situación política y fortalecer las instituciones democráticas del país. El equipo contará con el financiamiento de los observadores permanentes de la organización, entre ellos España, Francia, Suecia, Suiza, Noruega, Italia y las Naciones Unidas.
Asimismo, el organismo informó que el 5 de noviembre los estados miembros someterán a votación una declaración conjunta que reafirma su compromiso con la preservación del orden constitucional y democrático en Guatemala, en medio de la creciente tensión política y judicial que enfrenta el Gobierno de Arévalo.