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El atraso en la tramitación burocrática para enviar a España la solicitud de extradición de Joel Ambiórix Pimentel García (alias La J) fue la causa de su liberación provisional, ya que se superaron los 45 días como plazo establecido por el tratado con la República Dominicana para remitir la documentación tras la detención del individuo.
Asimismo, se indica que la petición de extradición presentada contra el acusado Pimentel García se debe a dos homicidios que se le atribuyen, ocurridos en la prisión “El Pinito”, en La Vega.
Al conocido como “La J” también se le acusa de "supuestamente" haber amenazado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, por haber ordenado el traslado de un grupo de reclusos en la mencionada cárcel, donde él mantenía su influencia para actividades delictivas.
No obstante, este aspecto no figura en la solicitud de extradición que no ha sido ejecutada debido a que fue enviada fuera del plazo a las autoridades españolas.
La solicitud se basa en que a Joel Ambiórix Pimentel García se le atribuye haber ordenado el envenenamiento del recluso Alejandro Vidal y el estrangulamiento de Gregorio Matos Carrasco.
“La J” fue detenido en San Sebastián de los Reyes, en España, el 29 de mayo de 2024, después de que las autoridades dominicanas emitieran una alerta roja ante la Policía Internacional por los dos homicidios que se le imputan. La información sobre su arresto fue comunicada a la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García.
A partir de ese momento, las autoridades dominicanas contaban con un plazo de 45 días para tramitar la documentación que respalda los hechos para la solicitud de extradición, de acuerdo con el tratado entre los dos países.
El 12 de julio de 2024, se presentó el expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo envió a la embajada dominicana en España. Esta última depositó los documentos en la Cancillería española el 24 de julio, pero el acusado ya había sido liberado.
Sin embargo, el retraso que llevó a la liberación no invalida la solicitud de extradición, y por ello se especifica que “La J” fue puesto “en libertad con medida por no llegar la documentación extradicional en el plazo”.
La amenaza a Germán
Aunque el acusado saltó a la atención pública porque la propia procuradora general Miriam Germán Brito denunció que este la contactó por teléfono para amenazarla con hacer daño a su hijo, este incidente no es el que motiva la solicitud de medida de coerción, según se detalla en los documentos enviados a España.
En mayo del año pasado, la Procuraduría explicó que entre los cargos que deberá enfrentar el extraditable “La J” en los tribunales dominicanos se encuentran la violación de los artículos 295, 296 y 301 del Código Penal dominicano, los cuales conllevan una pena de hasta 30 años de prisión.