x
No basta con lamentarnos cuando ocurre una tragedia. Tampoco es suficiente con hablar de salud mental solo en el mes de octubre. República Dominicana tiene una deuda histórica con miles de personas que padecen trastornos mentales y, hasta ahora, esa deuda se salda con silencio, estigmas y abandono.
Cada cierto tiempo, una noticia estremecedora nos recuerda que la salud mental importa. Que no discrimina edad, clase, ni género. Pero cuando el titular se desvanece, también lo hace la atención pública. Como sociedad, hemos fallado. No por falta de compasión, sino por falta de planificación, de voluntad política y, sobre todo, de acción.
Las cifras son más que números: son personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), entre un 13 % y un 15 % de los dominicanos y dominicanas viven con algún tipo de trastorno mental. Con una población nacional que supera los 11.3 millones de habitantes (ONE, 2022), eso representa entre 1.4 y 1.7 millones de personas. Entre ellas, al menos 150,000 requieren atención especializada por condiciones como esquizofrenia, trastorno bipolar y otras psicosis graves (MISPAS, 2021).
Y, sin embargo, ¿cuántos centros tenemos para atender esta demanda? Menos de diez, la mayoría ubicados en Santo Domingo y Santiago. Esta concentración geográfica deja desprotegidas a decenas de provincias donde también se sufre, se necesita, se clama ayuda.
Somos 32 provincias, y ninguna debería estar fuera del mapa de salud mental. Si seguimos el estándar de la OMS (2018), que sugiere al menos un centro especializado por cada 10,000 pacientes con trastornos mentales, deberíamos contar con un mínimo de 15 centros bien equipados, distribuidos de forma estratégica en todo el país.
Pero no se trata solo de abrir edificios. ¿De qué sirve un centro si no hay psiquiatras suficientes? ¿De qué sirve tener psiquiatras si no hay medicamentos? ¿De qué sirve medicar si no hay acompañamiento psicológico, familiar y social? El problema es complejo, pero no irresoluble.
Urge una propuesta nacional de salud mental que incluya:
La salud mental no es un lujo exclusivo de la clase adinerada. Es un derecho. Y los derechos no se mendigan, se garantizan.
El dolor de una madre que no encuentra dónde internar a su hijo con esquizofrenia no es un caso aislado: es el reflejo de un sistema que necesita urgentemente más humanidad y más planificación. Es hora de actuar, y actuar bien. Con datos, con recursos, pero, sobre todo, con responsabilidad social.
No esperemos otra tragedia para hablar de lo que ya sabemos. La salud mental en República Dominicana no puede seguir siendo una posdata en nuestras políticas públicas. Es momento de ponerla, por fin, en el primer párrafo.