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La detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte por orden de la Corte Penal Internacional (CPI) hace una semana ha provocado una campaña de acoso en línea por parte de sus seguidores hacia familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas y sus abogados, denunció este miércoles la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL).
«Denunciamos enérgicamente la campaña orquestada de desinformación, acoso y violencia de género en línea contra la abogada Kristina Conti, las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas y otros defensores de los derechos humanos», afirmó en un comunicado la organización, que apoyó la denuncia de Duterte ante la CPI y a la que pertenece la letrada.
La NUPL aseguró que el arresto del expresidente en Filipinas y su posterior traslado a La Haya han desatado una «ola de amenazas misóginas» contra la abogada y las «viudas, madres e hijas» de las miles de víctimas de la sangrienta guerra contra las drogas de Duterte.
Los ataques fueron impulsados por «la red de troles y facilitadores de Duterte» con el fin de «silenciar a quienes buscan justicia y obstruir los procedimientos en curso» ante la CPI, consideró el sindicato.
Conti denunció, en la red social X, los «ataques coordinados» de los partidarios del expresidente. «Duterte sigue siendo quien saca lo peor de los filipinos», lamentó la abogada. Estos ataques en línea en Filipinas se suman a otros dirigidos contra la jueza de la CPI Iulia Motoc, quien preside el caso contra Duterte, en sus redes sociales.
La NUPL subrayó que la campaña «refuerza el argumento de que se le debe negar la libertad provisional a Duterte» debido a su «historial de incitación a la violencia, fomento de una cultura de impunidad y estímulo del acoso selectivo».
Duterte fue arrestado en Filipinas y trasladado a La Haya hace exactamente una semana, después de que la CPI emitiera una orden secreta de arresto acusándolo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el contexto de su guerra contra las drogas.
Durante su mandato (2016-2022), murieron aproximadamente 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000.
El expresidente retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre la guerra contra las drogas que lanzó durante su mandato. Sin embargo, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país aún era miembro de la CPI.
Duterte compareció el pasado viernes ante la CPI, en una sesión en la que se le informaron sus derechos y la acusación del crimen de lesa humanidad de asesinato, antes del inicio oficial del juicio programado para el próximo 23 de septiembre.
