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Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las pruebas contra la ex primera dama de Perú Nadine Heredia, obtenidas a partir de las investigaciones por corrupción en el país contra la constructora Odebrecht.
Esposa de Humala pide asilo en la Embajada de Brasil tras ser condenada por caso Odebrecht
Dias Toffoli alegó que las evidencias provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, utilizados por la constructora Odebrecht para registrar pagos de sobornos a autoridades de varios países, fueron declaradas nulas por la propia Corte Suprema en anteriores decisiones.
Según el magistrado, no es posible garantizar la autenticidad ni la cadena de custodia de esos datos, razón por la cual deben considerarse "imprestables" en procesos judiciales.
La decisión extiende a Heredia el mismo beneficio que el magistrado le había concedido a su esposo, que está preso en su país y fue condenado por corrupción, y a otros acusados en casos derivados de la Lava Jato.
¿Cuáles son las implicaciones legales para Nadine Heredia en Brasil y Perú?
"Determino que no se practique, en territorio nacional, ningún acto de cooperación a partir de estos elementos para ser enviados al Gobierno del Perú", señala el fallo, que también ordena comunicar la decisión al Ministerio de Justicia brasileño.
Heredia se encuentra en Brasil desde abril pasado tras haber obtenido asilo diplomático del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
La ex primera dama fue trasladada a Brasilia en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña después de que un tribunal peruano la condenara, junto con Humala, a 15 años de prisión por lavado de dinero, al considerar que ambos recibieron aportes ilegales de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Con la decisión, queda vedado el uso de las pruebas de Odebrecht en procedimientos de cooperación internacional, lo que, en la práctica, podría impedir una eventual extradición o prisión de Heredia mientras permanezca en territorio brasileño.
Desde 2023, Dias Toffoli ha anulado diversos procedimientos de la Operación Lava Jato vinculados al acuerdo de cooperación con la Justicia firmado por Odebrecht, alegando irregularidades en la obtención de las pruebas.