La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su respaldo a las empresas que solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) el inicio de una investigación para determinar la posible aplicación de una medida de salvaguardia a las galletas importadas desde países con los que el país no mantiene acuerdos de libre comercio.
El gremio enfatizó que el proceso debe desarrollarse conforme a la normativa vigente y dentro del marco institucional que rige la defensa comercial en la República Dominicana.
En una declaración pública, la AIRD sostuvo que su posición se fundamenta en el respeto a las reglas establecidas para la protección de la industria nacional y a los mecanismos institucionales creados para asegurar una competencia leal en el mercado.
“Las empresas que han sometido la solicitud de investigación han actuado acorde al marco legal correspondiente y en uso legítimo de los instrumentos de defensa comercial contemplados por la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, así como por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, expresó el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols.
Sobre el rol de la CDC, Pujols destacó que se trata de “una institución esencial para garantizar la protección de la industria local ante prácticas desleales o incrementos de importaciones que puedan causar daño”.
Asimismo, recordó que la Ley 1-02 declara de interés nacional la protección de la producción local frente al aumento de las importaciones de galletas registrado en el mercado dominicano.
La AIRD precisó que, hasta el momento, solo se ha anunciado el inicio formal de la investigación y que la legislación establece etapas específicas antes de que la CDC adopte una decisión definitiva. En ese sentido, Pujols indicó que la Comisión ha informado que la resolución preliminar se publicará a más tardar a finales de febrero de 2026.
“Por ahora, corresponde esperar que este proceso administrativo continúe con normalidad, recordando que cada decisión de la CDC es recurrible ante los tribunales competentes”, afirmó.
Finalmente, la AIRD reiteró su confianza en la institucionalidad del país y en la capacidad técnica de la CDC para desarrollar una investigación rigurosa, transparente y apegada tanto a la Ley 1-02 como a los acuerdos de la OMC, con el objetivo de garantizar una competencia justa y proteger a la industria nacional ante posibles distorsiones del comercio exterior.