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La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó este domingo su cuarta candidatura presidencial para las elecciones generales de 2026, retomando su intento por alcanzar el cargo que ocupó su padre, Alberto Fujimori. Con este anuncio, la dirigente regresa al escenario electoral en medio de una de las etapas más complejas de la política peruana, marcada por la inestabilidad que ha llevado a nueve presidentes en menos de diez años.
Fujimori presentó su postulación acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes integrarán su fórmula presidencial. Ambos han sido figuras clave de la estructura de Fuerza Popular y destacan como parte del núcleo más visible dentro del partido. En un contexto donde predomina la desconfianza hacia la clase política, la lideresa fujimorista intenta reposicionarse como una alternativa al desgaste del sistema, planteando un mensaje firme y orientado al restablecimiento del orden.
Las encuestas recientes reflejan la falta de una figura claramente competitiva: ningún precandidato supera el 10% de intención de voto, mientras que cerca del 30% de los ciudadanos preferiría votar en blanco, evidenciando el creciente descontento de la población. Entre los aspirantes figuran también el exalcalde limeño Rafael López Aliaga, Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, y el humorista Carlos Álvarez.
Aunque el plan de gobierno será presentado oficialmente en diciembre, Fujimori adelantó que su propuesta priorizará políticas estrictas contra la delincuencia, tras el incremento de la violencia en distintas regiones del país. No obstante, su campaña deberá afrontar el desgaste acumulado por la actuación de Fuerza Popular en el Congreso y su respaldo a la presidenta Dina Boluarte, cuya gestión enfrenta cuestionamientos por el manejo de la seguridad.
Desde 2011, Keiko Fujimori ha sido protagonista constante en la política nacional y llegó a disputar la presidencia en tres ocasiones, quedando muy cerca del triunfo en 2016 y 2021. Los resultados de ambas contiendas generaron controversia, y los procesos judiciales por presunto lavado de activos archivados recientemente por el Tribunal Constitucional continúan siendo un elemento que acompaña su figura en el debate público.