Será este jueves cuando el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago conozca la audiencia de medida de coerción contra 11 agentes de la Policía Nacional, implicados en la muerte de cinco hombres durante un supuesto operativo ocurrido el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en la provincia Santiago.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para los oficiales, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores y homicidio voluntario. Los agentes fueron arrestados tras una investigación encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, siguiendo las directrices de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Entre los imputados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz y Hairo Mateo Morillo; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña. Todos estaban asignados a distintos departamentos de la Policía Nacional en Santiago.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25. Los cinco resultaron heridos de bala y fallecieron posteriormente en el Hospital Regional Universitario Doctor Cabral y Báez.
Según el expediente del Ministerio Público, los policías llegaron al lugar en tres vehículos —un Mazda, un Honda Civic y un Kia K5 modelo 2013— y abrieron fuego sin previo aviso contra los presentes. Un testigo grabó parte del ataque con su teléfono móvil, pero los agentes, tras percatarse, confiscaron el dispositivo y sustrajeron los DVR de los comercios cercanos para eliminar las evidencias.
La investigación también detalla que los oficiales contactaron a los propietarios de establecimientos cerrados exigiéndoles la entrega de los equipos de grabación, los cuales luego se llevaron. Estas acciones, según la Fiscalía, demuestran un intento deliberado de manipular la escena del crimen y ocultar información clave sobre el operativo.
El Ministerio Público calificó provisionalmente el caso como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.
La audiencia se celebrará hoy jueves en la jurisdicción de atención permanente del Palacio de Justicia de Santiago, donde el órgano acusador presentará las pruebas que sustentan su solicitud de prisión preventiva.
Entretanto, familiares de las víctimas exigieron que se imponga la máxima sanción posible a los acusados y que se garantice justicia por lo que califican como una ejecución extrajudicial.
El caso ha provocado una fuerte conmoción pública en la provincia y en todo el país, reavivando el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial y la urgencia de reformas institucionales en la Policía Nacional.