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Los abogados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque denunciaron que la suspensión por un año del ejercicio profesional, impuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), carece de validez legal y es “nula de toda nulidad”.
Los juristas, integrantes de la firma León & Raful, sostienen que la decisión del Tribunal Disciplinario del CARD incurre en desacato y, además, vulnera la Constitución al fundamentarse en disposiciones que ya no forman parte del ordenamiento jurídico.
Explican que la sanción se basó en los artículos 73 al 77 del Decreto 12-90 (Código de Ética del CARD), los cuales, aseguran, fueron eliminados del marco legal mediante la sentencia TC 100-2026 emitida por el Tribunal Constitucional.
"Se nos pretende sancionar con artículos que el Tribunal Constitucional ya declaró nulos. Esto priva al fallo de toda eficacia legal y lo convierte en un acto de arbitrariedad pura", afirmaron los denunciantes.
La denuncia resalta que el CARD habría ignorado sistemáticamente dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenaban el archivo de estos procesos disciplinarios tras verificar violaciones a los derechos fundamentales de los letrados.
Los abogados destacaron que la renuencia del CARD ha sido tal, que el tribunal llegó a imponerle un astreinte (sanción económica diaria) como mecanismo para forzar el cumplimiento de la orden judicial, la cual fue ignorada para proceder con la suspensión.
Los sancionados vinculan este ataque disciplinario a su rol como representantes legales de la señora María Amelia Hazoury Delgado en un complejo proceso de partición de bienes tras su divorcio de Juan Rafael Llaneza Gil.
Según los juristas, las acciones en el CARD fueron promovidas por las entidades Inmobiliaria Don Juan y Grupo Alugav (partes de la comunidad conyugal en disputa) como un mecanismo de presión para obstaculizar la defensa de los intereses de su cliente.
Ante esta situación, León Lebrón, Fernández León y Del Rosario Albuquerque informaron que ya han interpuesto un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra la polémica sentencia disciplinaria.
A pesar del fallo del CARD, los abogados anunciaron que continuarán ejerciendo la representación legal de la señora Hazoury, amparados en la jerarquía de las decisiones del TSA y el Tribunal Constitucional que protegen su ejercicio profesional.