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Panelistas y abogados que participaron este jueves en El Sol de la Mañana advirtieron sobre lo que califican como un uso excesivo de la prisión preventiva y una creciente práctica de populismo penal en casos de alto impacto mediático, a propósito de recientes decisiones judiciales vinculadas al caso SeNaSa.
Durante el análisis, se criticó que un medio de comunicación publicara como si fuera un artículo de opinión un comentario emitido por un magistrado, incluyendo su nombre e imagen, lo que generó una ola de ataques en su contra dentro de la comunidad jurídica y la opinión pública, pese a que posteriormente el medio ofreció disculpas y una aclaración. Señalaron que el daño reputacional ya estaba hecho.
Los comentaristas recordaron que el proceso penal dominicano contempla tres etapas —instrucción preliminar, intermedia y juicio de fondo— y que en la fase de instrucción solo debe evaluarse si existen méritos para imponer medidas de coerción, de las cuales hay siete opciones. Subrayaron que la prisión preventiva es la más gravosa y no debe usarse como condena anticipada.
Indicaron que, aunque el juez no puede exceder el pedimento del Ministerio Público, sí tiene la potestad de rechazarlo o de imponer medidas menos severas cuando no se justifican. “Si ya se presenta al imputado como culpable ante la sociedad, no se explica para qué se requieren 18 meses de prisión preventiva”, cuestionaron.
Como ejemplo, citaron el caso del exministro Freddy Hidalgo, quien fue descargado tras un proceso judicial, pero quedó marcado socialmente. Advirtieron que la prisión preventiva suele interpretarse erróneamente como una sentencia definitiva, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia.
Los juristas también señalaron que el magistrado actuante en el caso SeNaSa habría adelantado valoraciones propias del juicio de fondo, utilizando calificativos y juicios de gravedad que no corresponden a la etapa preliminar. Recordaron que el juez debe actuar como un tercero imparcial y no emitir condenas anticipadas.
Asimismo, denunciaron un trato desigual entre imputados, al señalar que algunos actores privados vinculados a las transacciones investigadas quedaron en libertad, mientras otros enfrentan prisión preventiva, lo que —afirmaron— refuerza la percepción de selectividad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal.
Finalmente, alertaron que la judicialización con tintes políticos y la filtración constante de información desde el Ministerio Público pueden afectar la credibilidad de los procesos. Coincidieron en que, si los casos se manejan como “sagas” mediáticas o con agendas ajenas al debido proceso, se corre el riesgo de que las investigaciones se debiliten y pierdan legitimidad ante la sociedad.