
El coordinador del programa El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, calificó como una “traición al Estado democrático de derecho” las recientes modificaciones al Código Procesal Penal, al considerar que vulneran derechos fundamentales ya conquistados por la ciudadanía y colocan al país en una peligrosa senda de retroceso institucional.
En su análisis de este martes, Martínez Pozo partió del relato de una exposición que hizo ante los congresistas dominicanos, donde planteó dos conceptos fundamentales de teoría política, leviatánico y luquiano, para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, entraña la reforma aprobada.
Explicó que el modelo leviatánico parte de la premisa de que “la vida en el estado de naturaleza es pobre, brutal y corta”, lo que justificaría la cesión total de derechos a un poder monárquico o dictatorial a cambio de protección.
Sin embargo, enfatizó que en una democracia moderna el contrato social que debe protegerse es el lockeano, en el cual el poder reside en el soberano, el pueblo, y puede ser retirado si el Estado traiciona su función.
“El poder está en el soberano, que incluso a ese instrumento que se da para que lo proteja, si lo traicionara lo puede sustituir”, afirmó.
Desde esa perspectiva, Martínez Pozo sostuvo que las reformas al Código Procesal Penal representan una ruptura con ese pacto democrático. “Con el Código Procesal Penal nosotros nos hemos salido del Estado democrático y nos hemos ido a un estado dictatorial”, sentenció.
A su entender, se trata de una regresión inadmisible en materia de derechos. “¿Quién ha dicho que usted puede legislar para retroceder? ¿Quién ha dicho que derechos que ya son parte del ciudadano usted puede legislar para arrebatárselos?”, cuestionó durante su comentario radial.
El comunicador señaló que el Congreso tuvo tiempo suficiente para discutir con profundidad los cambios legales, pero no lo hizo, por lo que se aprobó una ley sin el debido cuidado.
“Teníamos tres años para sentarnos a discutir eso con cuidado y adoptar medidas prudentes, pertinentes, pero no se hizo el trabajo”, afirmó, al tiempo que calificó el proceso como un “desastre”.
Señaló que incluso en contextos de guerra hubo mayor resistencia a imponer retrocesos. “En democracia, sin ningún tipo de presión, se le inflige esa puñalada abierta al Estado democrático”, sostuvo.
Como respaldo a su crítica, citó un pronunciamiento de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que calificó las modificaciones como una “contrarreforma” que implica un retroceso en derechos y garantías del sistema penal dominicano.
Según indicó, el comunicado, firmado por John Garrido, presidente de la asociación de profesores de la facultad, advierte que los cambios amplían “de manera ilimitada los poderes de investigación del Ministerio Público” y reducen garantías reconocidas desde el Código del año 2004, afectando principios como la presunción de inocencia.
Finalmente, Julio Martínez Pozo lanzó una dura reflexión sobre la labor legislativa y la responsabilidad de los congresistas. “Para legislar no solo se necesitan votos.
Para ser diputado no basta con ganar elecciones, hay que tener cabeza y conciencia”, afirmó, calificando las reformas al Código Procesal Penal como “la peor legislación que se haya producido en democracia” y “una verdadera vergüenza”.