El abogado Julio Cury consideró este lunes que es normal y común que en el país se ofrezcan sobornos para obtener beneficios de la administración pública, por lo que consideró de relevante la querella por "soborno y chantaje" contra la empresa Dekolor, presentada a través del Intrant por el ingeniero Milton Morison.
Cury explicó en El Sol de la Mañana, transmitido por Zol106.5 FM, que es la primera vez que un funcionario público se revela ante un hecho de esa naturaleza y dijo que “lo que suele suceder es que se queda sepultado entre las partes, entre funcionarios y contratistas, pero de que aquí se ofrecen sobornos para obtener beneficios de la administración pública, yo creo que eso es bastante normal”.
El jurista señaló que aunque se trata de un contratista que tiene al menos 20 años con una concesión, lo que podría costarle desprenderse de la misma, el hecho en sí, debe probarse. “No se trata de alegarlo, porque yo puedo alegar mañana lo que se me ocurra. Pero aquí se tiene que sustentar en elementos o medios de pruebas que acrediten lo que está denunciando Milton Morrison”.
Aseguró que si Morison sale como funcionario puede seguir como actor civil.
“Si mañana es relevado de la función pública el actual director del Intrant, entonces si el que lo sustituye deja sin efecto la querella, entonces sepultaría” dijo el jurista.
Entiende que la querella fue presentada para que Milton Morrison se constituya como víctima, o como actor civil.
Finalmente dijo que lo que quería destacar que el caso no se trata de un tipo penal de instancia privada, porque en esas infracciones la acción pública solamente la puede seguir el Ministerio Pública mientras suscita la querella, sin embargo dijo que cuando son de acción pública, no se puede suspender o interrumpir aunque se haya puesto en marcha la acción penal como consecuencia de la presentación de una denuncia o querella y que luego se desista de una o de otras.
Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las normativas de alturas de edificaciones en el Distrito Nacional debido a que la misma representaba un hecho insubsanable, debido a que solo aparecía la firma del director del Consejo de Regidores. "El Tribunal Superior Administrativo lo anuló de pleno derechos, poque es un vicio insalvable".
Dijo que la ordenanza anterior al 2020 tampoco contó con el voto mayoritario del Consejo de Regidores, que es un órgano colegiado. "La que se anula es la 20 del 2010, pero la anterior es del 2009 y también solo aparece la firma del presidente del Consejo del Regidores".