El abogado Julio Cury aseguró en el programa El Sol de la Mañana que existe un preacuerdo entre el Ministerio Público y varios de los imputados en el caso SeNaSa a quienes se les impuso prisión domiciliaria, con miras a aplicarles el criterio de oportunidad, una figura contemplada en el Código Procesal Penal.
Cury explicó que el criterio de oportunidad es una potestad reglada, no discrecional, diseñada para que imputados con una participación menor en un hecho penal colaboren con las autoridades en el procesamiento de quienes tuvieron un rol principal en la comisión del delito.
“Es un instituto procesal que se concibió originalmente para que los imputados que hayan tenido una participación menor puedan contribuir al procesamiento de aquellos que han tenido una participación mayor, es decir, los autores”, sostuvo.
No obstante, criticó la forma en que, a su juicio, el Ministerio Público ha venido utilizando esta herramienta.
“El Ministerio Público lo ha venido usando de manera discreta profesional, es decir, favorezco a este o a aquel otro de manera voluntariosa”, afirmó.
El jurista señaló que el cambio de solicitud del Ministerio Público —de prisión preventiva a prisión domiciliaria— durante el desarrollo de la audiencia evidencia que ya existe un entendimiento previo con algunos de los imputados.
“Es obvio, a la vista de todos, que se combinó con ellos un criterio de oportunidad”, dijo.
A su juicio, este giro procesal sugiere que el interés principal es perseguir únicamente a los funcionarios públicos, dejando en un segundo plano la responsabilidad del sector privado.
“No hay corrupción sin la participación del sector privado. El desfalco no ocurre sin el concurso de un suplidor”, subrayó.
Cury advirtió que, en el caso SeNaSa, varios imputados del sector privado tienen la condición de coautores, por lo que no debieron ser favorecidos ni con prisión domiciliaria ni con el criterio de oportunidad.
El abogado también cuestionó la exclusión de personas clave del entramado societario vinculado al caso, incluyendo ejecutivos y representantes legales de empresas que, según dijo, figuran en toda la estructura de las negociaciones investigadas.

“Todo eso evidencia que hubo un preacuerdo”, insistió.
Recordó que la responsabilidad penal de las personas jurídicas recae sobre quienes ejercen el control y la administración diaria de las empresas, y calificó de “insólito” que figuras con ese rol no aparezcan en el expediente.
Durante la entrevista, Cury también se refirió a la actuación del magistrado Sena, criticando que haya utilizado los medios de comunicación para explicar o defender una decisión judicial.
“No es éticamente apropiado ni jurídicamente prudente que un juez utilice la prensa para ampliar o defender sus decisiones”, afirmó.
Indicó que cuando un juez siente la necesidad de hacerlo, implícitamente reconoce que su resolución fue insuficiente o mal motivada, y que al exponerse públicamente abandona su rol de árbitro neutral.
Finalmente, Julio Cury llamó a observar con atención el desarrollo del caso, al considerar que las decisiones futuras confirmarán si el criterio de oportunidad será aplicado formalmente a los imputados beneficiados con medidas menos gravosas.
“Vamos a darle tiempo al tiempo, porque el tiempo aclara las cosas. El proceso apenas comienza”, concluyó.
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