Julibelis Wonderpool advierte declaratoria de emergencia en sector eléctrico es “legítima, pero inoportuna”
Wonderpool advirtió que la medida otorga amplias facultades con menos controles, lo que podría desviar recursos. Llama a la vigilancia ciudadana y cuestiona la inclusión de contratación de asesores como sin precedentes.
La abogada y analista Julibelis Wonderpool cuestionó este lunes la declaratoria de emergencia emitida por el presidente Luis Abinader para adquisiciones en el sector eléctrico, al considerar que, aunque la medida es legítima desde el punto de vista constitucional, resulta inoportuna y refleja fallas de planificación en la gestión pública.
Durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana, Wonderpool explicó que el artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones contempla procesos excepcionales como las compras de urgencia, pero únicamente ante situaciones de fuerza mayor o amenazas a la seguridad nacional que no admitan demora.
“La crisis energética que hoy enfrentamos era previsible. Pudo haberse atendido con medidas ordinarias de planificación en lugar de recurrir a un decreto de emergencia”, apuntó.
En ese sentido, resaltó que los propios planes anuales de compra de varias instituciones incluidas en el decreto 517-25 ya contemplaban los equipos y adquisiciones señalados, lo que, a su juicio, evidencia negligencia y falta de seguimiento.
Duración de la declaratoria
La jurista también mostró preocupación por la duración de la declaratoria, que tendrá vigencia de 12 meses, lo que —según advirtió— abre la puerta a posibles desviaciones en el uso de recursos públicos. “Estos procesos excepcionales permiten a los funcionarios comprar de manera directa y con menos controles. Extenderlos por un año crea riesgos de mala administración”, enfatizó.
Wonderpool llamó la atención sobre un aspecto inusual: el decreto autoriza a contratar asesores y consultores durante todo el período de emergencia, algo que calificó como sin precedentes en este tipo de disposiciones. “Nunca había visto que una declaratoria de emergencia incluyera la contratación excepcional de asesores legales y financieros”, indicó.
Al comparar la medida con emergencias anteriores, la abogada recordó que la última declaratoria nacional se produjo durante la pandemia de COVID-19, una situación imprevista que sí justificaba el uso de mecanismos extraordinarios. “En este caso no hablamos de un hecho inesperado, sino de una falta de gestión que ahora se pretende subsanar bajo el paraguas de la excepción”, sostuvo.
Sobre el déficit eléctrico
Asimismo, señaló que la llegada al país de una barcaza de generación eléctrica, ya prevista desde antes del decreto, confirma que no se trata de una solución estructural. “La declaratoria no va a resolver el déficit eléctrico. Es un problema de fondo que requiere planificación y no improvisación”, puntualizó.
Wonderpool concluyó que la población debe estar vigilante frente a la ejecución de estas compras directas, ya que el decreto otorga facultades amplias a directores y superintendentes del sector eléctrico, lo que demanda mayor escrutinio ciudadano y auditorías oportunas.
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