Los procesos judiciales convertidos en juicios mediáticos, que se extienden sin resultados concretos y “no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción”, volvieron al centro del debate público luego de una reciente decisión del Tribunal Constitucional.
Así lo expuso el comunicador Julio Martínez Pozo, coordinador de El Sol de la Mañana, al analizar el impacto de investigaciones penales prolongadas que, desde su punto de vista terminan sin condenas y con alto costo para el Estado.
En su análisis criticó el uso ilimitado de recursos públicos en expedientes que no prosperan. “No puede ser que un fiscal tenga un presupuesto abierto”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que estas prácticas deriven en “juicios mediáticos y cuestiones políticas” que, reiteró, “no tienen absolutamente nada que ver con la lucha contra la corrupción”.
Martínez Pozo valoró la sentencia que impide la congelación arbitraria de cuentas bancarias, al recordar que “el fiscal puede hacerlo provisionalmente, pero tiene que buscar inmediatamente la autorización del juez y el juez puede hacer eso con un límite”. Advirtió que la práctica anterior equivalía a “una muerte civil” que se producía “impunemente” contra ciudadanos bajo investigación.
El caso que motivó la decisión fue el de Nelson Soriano, quien logró que el Tribunal Constitucional ordenara detener la paralización irregular de su producto financiero, bloqueado desde 2019 sin orden judicial. Aunque se trata de un caso particular, el comunicador subrayó que el alto tribunal emitió una decisión de alcance general.
En ese sentido, citó las explicaciones del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, quien estableció que, “la negativa a levantar el bloqueo, incautación o inmovilización de productos financieros de una persona bajo investigación sin autorización del juez competente constituye una actuación arbitraria”, por afectar directamente el derecho de propiedad.
Martínez Pozo recordó que la Ley 155-17 dispone que solo un juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar la inmovilización de bienes, y que los fiscales solo pueden hacerlo de manera excepcional, con confirmación judicial antes de 72 horas.
Sin embargo, denunció que se ha impuesto la práctica de mantener bloqueos indefinidos con el simple argumento de que una persona está bajo investigación. Como ejemplo, citó el caso del exgerente de Edesur, Radhamés del Carmen Martínez, quien —según dijo— mantiene sus productos bancarios congelados sin que se haya materializado ninguna investigación.
El comunicador también abordó el tema de la extinción de la acción penal, apoyándose en un artículo de María del Pilar Zuleta, quien sostiene que los plazos procesales garantizan la presunción de inocencia y sancionan al Estado cuando no actúa con eficiencia.
No obstante, Martínez Pozo fue más allá: “Las cosas se terminan pagando con el dinero que no duele… el que termina castigado es el contribuyente”, advirtió.
A su juicio, la falta de consecuencias fomenta procesos grandilocuentes que se extinguen sin resultados. “Se gasta no sé cuántos millones… y no hay sanción para nadie”, dijo, reclamando responsabilidad directa para fiscales o jueces cuando las investigaciones fracasan por deficiencias institucionales.