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Una jueza federal en Boston emitió este viernes una orden que bloquea temporalmente la decisión de la Administración Trump de revocar el permiso que permite a la Universidad de Harvard admitir a estudiantes internacionales.
La medida judicial responde a una solicitud presentada por la propia universidad, que argumentó la urgencia de evitar que la orden gubernamental cause daños irreversibles a su comunidad académica. La jueza Allison D. Burroughs coincidió con esa postura: «Harvard ha demostrado que, a menos que se acepte su petición de restringir temporalmente la orden de Trump, sufrirá un daño inmediato e irreparable».
Burroughs fijó el próximo 27 de mayo a las 9:30 a. m. (hora local) como fecha para una audiencia en la que deberán comparecer ambas partes. Hasta entonces, la orden de restricción se mantendrá vigente.
Harvard responde con una nueva demanda
La universidad afirma en su denuncia que la medida del Ejecutivo constituye una «violación flagrante de la Primera Enmienda» y la interpreta como una «represalia contra Harvard» debido a su negativa a ceder en temas relacionados con el control ideológico, el currículo académico y la autonomía institucional.
En su argumentación, la institución afirma que la revocación del permiso para acoger a estudiantes extranjeros —quienes representan una cuarta parte de su alumnado— ha tenido un impacto negativo inmediato en los programas académicos y de investigación. Además, recalca que cumplió con los requisitos establecidos por el Gobierno en abril, incluyendo el suministro de datos sobre los estudiantes con visado.
El presidente de la universidad, Alan Garber, manifestó en un comunicado en la web institucional: «A los estudiantes y académicos internacionales afectados por la acción de ayer, sepan que son miembros vitales de nuestra comunidad. Ustedes son nuestros compañeros de clase y amigos, nuestros colegas y mentores».
Contexto de tensiones por la financiación
Este no es el primer enfrentamiento entre Harvard y la Administración republicana. En abril, la universidad presentó otra demanda para recuperar 2.600 millones de dólares en fondos federales congelados tras acusaciones del Gobierno de supuestas prácticas antisemitas.
Estas acusaciones están vinculadas a protestas a favor de Palestina, como las que tuvieron lugar en la Universidad de Columbia y se extendieron a otros campus. Según la Administración, estos eventos justificarían la suspensión de fondos, aludiendo a la falta de "diversidad de ideas" y al uso de políticas de "discriminación positiva".