La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, advirtió este jueves que no concederá nuevos aplazamientos en el proceso que se sigue contra once agentes de la Policía Nacional imputados por la muerte de cinco civiles durante un operativo en el sector La Barranquita.
La magistrada pospuso por segunda vez la audiencia de medida de coerción, reprogramándola para el martes 14 de octubre a las 9:00 de la mañana, luego de que algunos imputados no completaran la documentación que deben depositar para sustentar sus arraigos familiares.
Cabral enfatizó que esta será la última oportunidad para cumplir con los requerimientos, tras señalar que los acusados han tenido tiempo suficiente para hacerlo desde el primer aplazamiento.
“Es un derecho que la jueza les concedió por última vez, porque ya los imputados tienen más de una semana. El Ministerio Público estaba listo, nosotros también, pero se aplazó a solicitud de algunos abogados que no habían conseguido los presupuestos”, explicó el abogado Félix Amauri Olivier, representante de una de las víctimas.
De igual forma, el jurista Esteban Pérez, abogado de los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, confirmó que las partes civiles ya presentaron sus querellas con constitución en actor civil, mientras las defensas solicitaron más tiempo para revisar los documentos.

Los 11 policías enfrentan cargos por asociación de malhechores y homicidio voluntario, tras el hecho ocurrido en una plaza comercial de La Barranquita, donde murieron Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez.
Entre los imputados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo, a fin de disponer de más tiempo para profundizar en las investigaciones sobre la actuación del grupo policial durante la operación en que murieron los cinco hombres.