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El juez de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Báez, advirtió que hacer justicia no puede confundirse con imponer prisión preventiva y alertó sobre el uso desproporcionado de esta medida en el sistema penal dominicano, lo que ha derivado en un aumento alarmante de la población carcelaria.
Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Báez explicó que la prisión preventiva es solo una medida cautelar para garantizar el proceso de investigación y enjuiciamiento, y recordó que la ley contempla siete medidas de coerción, siendo la privación de libertad la última y más extrema. Sin embargo, señaló que su aplicación se ha convertido en la regla y no en la excepción.
El magistrado expuso que, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en 2004, la población privada de libertad pasó de menos de 13,000 personas a cerca de 27,000 en la actualidad, pese a tratarse de una normativa concebida para evitar la prisionización excesiva. Indicó que alrededor del 60 % de los internos se encuentra en prisión preventiva, una proporción que consideró incompatible con una justicia democrática.
Báez sostuvo que el principal reto es replantear la política de persecución penal para que la privación de libertad no sea la herramienta principal de resolución de conflictos. A su juicio, muchos imputados con arraigo familiar, laboral y social podrían enfrentar sus procesos en libertad mediante otras medidas, sin poner en riesgo la investigación ni la comparecencia ante los tribunales.
El juez reconoció que existe una fuerte presión social para que toda persona imputada sea enviada a prisión preventiva, especialmente en casos de alto impacto mediático. No obstante, subrayó que los jueces deben actuar con independencia y apego a la Constitución, sin dejarse arrastrar por la opinión pública ni por solicitudes automáticas del Ministerio Público.
En el marco del Día del Poder Judicial, Báez destacó avances institucionales como la reducción significativa de la mora judicial, la digitalización de procesos, el uso de la firma electrónica y el acceso ciudadano a plataformas digitales para dar seguimiento a los expedientes. Afirmó que estos cambios han fortalecido la transparencia y el acceso a la justicia.
El magistrado reiteró que la solución al hacinamiento no pasa por construir más cárceles, sino por aplicar las herramientas legales existentes. Mencionó la necesidad de impulsar políticas de despoblación carcelaria, especialmente para personas enfermas, de edad avanzada y casos de baja trascendencia penal, lo que podría reducir la población penitenciaria entre un 20 % y un 30 %.
Sobre la creación del Ministerio de Justicia, Báez consideró que puede contribuir a una justicia más accesible y a una mejor delimitación de funciones, especialmente al trasladar la gestión penitenciaria desde el Ministerio Público hacia una estructura especializada que actúe como garante de los derechos de las personas privadas de libertad.