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Un juez federal ordenó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y devolver el mando de las tropas al gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la acción federal como “ilegal”.
La decisión marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento legal entre el estado y la Casa Blanca por el uso de fuerzas militarizadas durante protestas migratorias.
California inició una batalla judicial tras el despliegue, en junio pasado, de más de 4,000 soldados de la Guardia Nacional del estado sin autorización del gobernador, algo que no había ocurrido en Estados Unidos en seis décadas.
El juez Charles Breyer falló a favor del estado, ratificando una opinión previa en la que determinó que el uso militar para contener manifestaciones contra las redadas carecía de fundamento legal.
Trump justificó la intervención argumentando que las autoridades locales no podían manejar las protestas, pese a que la policía de Los Ángeles ya había dispersado a los manifestantes. Breyer concedió a la Administración Trump hasta el próximo lunes para cumplir la orden, aunque el Gobierno anunció que apelará la decisión, según reportó Fox.
Newsom reaccionó afirmando: “La federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal y debe terminar”, y denunció que las tropas afectaron “operaciones esenciales” de seguridad pública.
El fallo también desestimó la afirmación de la Administración Trump de que las manifestaciones constituían una “rebelión” que justificaba el despliegue militar. Breyer sostuvo que el Gobierno buscaba un poder sin límites: “Los fundadores diseñaron un sistema de controles y equilibrios, pero los demandados dejan claro que el único control que desean es un cheque en blanco”.
En junio, la Casa Blanca llegó a controlar 4,300 soldados de la Guardia Nacional de California; actualmente mantiene poco más de 300. Un intento del Pentágono por trasladar tropas californianas a Portland fue previamente bloqueado por otra jueza federal.