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Un juez en Massachusetts ha señalado al gobierno de Donald Trump por actuar en contra de mandatos judiciales al enviar migrantes a África sin cumplir con los procedimientos legales requeridos. El magistrado Brian Murphy declaró que la administración está "creando el mismo caos que critica", tras ordenar la deportación de varios extranjeros a pesar de que existía una orden que impedía su traslado a países donde pudieran ser víctimas de tortura.
Murphy rechazó un intento del gobierno republicano de revertir una decisión anterior que exigía evaluar individualmente los casos de los migrantes, incluso si ya no se encontraban en territorio estadounidense.
Según los documentos del tribunal, al menos ocho personas —incluidos dos cubanos y un mexicano— fueron embarcadas en un vuelo hacia Sudán del Sur. No obstante, más tarde se informó al juez que el avión aterrizó en Yibuti. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó dar detalles, aunque se confirmó que los individuos continúan bajo custodia estadounidense.
Los migrantes deportados tenían antecedentes penales que iban desde posesión ilegal de armas hasta homicidio. A pesar de ello, la ley estadounidense prohíbe las deportaciones a países donde exista el riesgo de tortura, conforme a lo establecido por la Convención contra la Tortura.
El juez ordenó realizar entrevistas de miedo creíble a estas personas en el extranjero para determinar si podían calificar para una protección legal que impidiera su expulsión.
Este caso se suma a otros roces entre el poder judicial y el gobierno de Trump, cuyo enfoque migratorio ha generado controversia por su dureza. Además, se han denunciado acuerdos opacos con terceros países para acelerar las expulsiones. Uno de estos acuerdos involucra el envío de más de 200 venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador, tras un pacto entre Washington y el presidente Nayib Bukele que supuestamente incluye una compensación de 6 millones de dólares.
Los migrantes involucrados en estos traslados provienen de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur. Varias organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de violar el debido proceso y advierten sobre una posible "crisis constitucional" en desarrollo.