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El juez federal Carl Nichols levantó la prohibición temporal que impedía al gobierno de Donald Trump ejecutar su plan de ceses masivos en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Con esta decisión, la administración de Trump podrá seguir adelante con la remoción de la mayoría del personal de la agencia, lo que podría afectar programas clave de asistencia humanitaria, desarrollo económico y educativo en diversas regiones del mundo.
USAID, que desempeña un papel fundamental en la estabilidad y el crecimiento global, vería reducida significativamente su capacidad operativa, quedando con una mínima fracción de su personal original.
Organismos internacionales y sectores políticos han manifestado preocupación por el impacto que esta medida podría tener en comunidades vulnerables que dependen de sus programas.
En su fallo, el juez Nichols otorgó a aquellos empleados de USAID que están actualmente en el extranjero un plazo de 30 días para regresar a los Estados Unidos. Este periodo les ofrece la oportunidad de planificar su retorno de manera ordenada, minimizando así la disrupción en sus vidas personales y profesionales.
Además, este tiempo adicional permite evaluar detenidamente los proyectos y asegurar una transición adecuada que no desarticule los esfuerzos en el terreno, donde cada día de trabajo cuenta.
La decisión de Nichols es una respuesta a las preocupaciones planteadas no solo por los propios empleados de USAID, sino también por organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros que colaboran con la agencia.
Estas entidades han expresado su inquietud respecto a cómo la reducción drástica del personal podría afectar las alianzas existentes y el cumplimiento de objetivos conjuntos.
Asimismo, hay un temor comprensible de que la interrupción de labores esenciales en sectores críticos como la salud, educación y ayuda en emergencias, podría llevar a retrocesos significativos en muchas de las regiones más vulnerables del mundo.
Con este fallo, se abre un diálogo necesario acerca de cómo equilibrar las metas administrativas con las misiones humanitarias y de desarrollo que se llevan a cabo. El futuro de las operaciones de USAID y la estabilidad de los beneficios que brindan sus programas dependerán de las decisiones que se tomen en el tiempo inmediato, tanto desde el ámbito legal como desde la gestión interna de la agencia.
Nichols concluyó que la impugnación de los sindicatos debe abordarse conforme a las leyes laborales federales y no en un tribunal de distrito.
Su fallo se produce tras una demanda presentada por sindicatos en nombre de los trabajadores, que argumentan que la prisa por desmantelar la agencia había dejado a algunos empleados en el extranjero sin acceso a los sistemas de comunicaciones de emergencia, incluidos algunos en peligro de violencia política en el Congo.
La administración Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, vinculado al multimillonario Elon Musk, que recorta costos, se han apresurado a cerrar USAID, afirmando que su trabajo es un desperdicio y no se ajusta a la agenda del presidente.