x
A pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional ratificó la exoneración de los involucrados en el caso Odebrecht, incluyendo al empresario Ángel Rondón, el reconocido abogado José Miguel Minier Almonte, quien llevaba su defensa, calificó como una "decepción" el rol desempeñado por el Tribunal Constitucional (TC).
El jurista afirmó durante su participación exclusiva en El Sol de la Mañana, que la alta corte perdió una oportunidad histórica para "trazar una raya en la pizarra" y frenar los abusos procesales.
En sus declaraciones, Minier sostuvo que el TC —al no formar parte del sistema de justicia ordinario— debió actuar como un órgano regulador externo que marcara un norte ético y legal a los magistrados.
La crítica más feroz de Minier se centró en la supuesta falta de independencia de los jueces de instrucción y de fondo, a quienes acusó de actuar bajo el dictado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
"Ese Tribunal Constitucional tenía que decirle a todos los jueces que dejen de ser marionetas del Ministerio Público. Si están para cuidar un cheque, que se vayan a trabajar como visitadores a médicos o que pongan un emprendimiento", sentenció el jurista con dureza.
Según Minier, la administración de justicia en la República Dominicana se está ejerciendo "en base al miedo", donde los magistrados prefieren validar expedientes sin sustento antes que enfrentar el juicio mediático o la presión interna.
El abogado detalló las irregularidades que, a su juicio, empañaron el proceso contra Ángel Rondón desde sus inicios. Denunció que el Ministerio Público ocultó peritajes y pruebas de descargo, violando el derecho de defensa y el debido proceso de contradicción.
Tras diez años de proceso judicial, el cierre del caso Odebrecht deja una interrogante sobre el resarcimiento de los daños. Aunque aclaró que no ha discutido el tema formalmente con Ángel Rondón, Minier fue enfático en su postura personal.
"Si fuera yo, hay que picarme como un salami demandando a este Ministerio Público", afirmó, instando a que todo aquel que sea descargado tras años de prisión preventiva o persecución arbitraria demande al Estado por error judicial y daños patrimoniales.
La reacción de Minier surge tras el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de revisión de la Pepca, ratificando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que exoneró a Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón y Conrado Pittaluga.
Si bien el fallo pone fin al calvario legal de los imputados, para Minier queda un sabor amargo: la sensación de que el sistema permitió la vulneración de derechos durante una década sin que se estableciera un precedente que proteja a futuros ciudadanos de la "arbitrariedad del poder".