A propósito del caso de Naony Anderson Solano, quien imparte Lenguas Modernas en el Centro Educativo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo del Distrito Nacional, quien denunció que fue agredido este jueves por dos estudiantes de entre 16 y 17 años dentro del plantel, el abogado José Martínez Hoepelman explicó el alcance legal aplicable en un caso que involucra a menores señalados por presuntas agresiones contra un docente en el ejercicio de sus funciones.
El especialista explicó que el docente debe interponer una acción penal o querella para que el Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes inicie el proceso correspondiente, además señaló que la finalidad del Código del Menor no es la privación definitiva de libertad, sino la reeducación y reinserción de los adolescentes.
Enfatizó que existe una diferenciación según la edad de los involucrados.
“Los actos infraccionales que se persiguen a través del Código del Menor, ley 136, tienen una distinción”, indicó, al tiempo que precisó los menores de 16 años la sanción no puede exceder los tres años, mientras que para los mayores de 16 el máximo es de cinco años.
Sostuvo que, en casos de golpes y heridas no se contempla prisión definitiva para menores condenados por este tipo de actos.
Respecto a la posible responsabilidad de tutores o del centro educativo, el jurista fue enfático al señalar que no existe sanción penal para quienes no hayan cometido el hecho. “Jamás puede aplicarse una pena privativa de libertad a un tercero que no hizo o participó directamente de la Comisión de hecho”, puntualizó, al aclarar que cualquier responsabilidad civil se tramita por vías distintas a la penal.
Jamás puede aplicarse una pena privativa de libertad a un tercero que no hizo o participó directamente de la Comisión de hecho, por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad ni para el centro ni para los padres de carácter penal. Ya las responsabilidades civiles tienen otro tipo de tratamiento, expresó el abogado.