El abogado José Hoepelman advirtió que el uso de recursos del Estado para financiar campañas políticas constituye un hecho ilegal y una grave violación a la ley.
En declaraciones a RCC Noticias, Hoepelman fue enfático al señalar que, si bien los miembros de partidos o movimientos políticos pueden aportar recursos propios a las organizaciones a las que pertenecen, está terminantemente prohibido utilizar fondos públicos con fines proselitistas.
“Es ilegal obtener beneficios que la ley otorga para financiar un movimiento o un partido político; eso va claramente en contra de la Ley de la Función Pública, en sus artículos 79 y 80”, explicó.
Asimismo, señaló que los funcionarios que hagan uso de su cargo, de bienes públicos o de recursos estatales para favorecer campañas electorales pueden enfrentar sanciones administrativas, destitución del cargo e incluso procesos penales, dependiendo de la gravedad del caso.
Finalmente, Hoepelman subrayó que estas prácticas no solo violan la ley, sino que también afectan la transparencia, la equidad electoral y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.