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El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, se refirió este lunes a la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de ""Los Tres Brazos" en donde unos terrenos fueron vendidos por el la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) durante el gobierno de Danilo Medina.
Dantés aclaró que la discusión debe diferenciar entre la jurisdicción penal y la inmobiliaria. “En la parte penal, tres instancias judiciales determinaron que no hubo delito, por lo que no se comprometió la responsabilidad penal de los acusados”, afirmó. Sin embargo, señaló que la operación inmobiliaria sí fue irregular y violó la Constitución, al realizarse la venta de tres parcelas sin cumplir los procedimientos legales establecidos en la ley 141-97 de la CREP y sin la aprobación del Congreso, según el Tribunal de Tierras.
El funcionario explicó que los problemas de georreferenciación de los terrenos provocaron desplazamientos de hasta miles de metros en más de 308 parcelas, generando un perjuicio económico para el Estado, pues las parcelas se vendieron en 80 millones de pesos, cuando su valor real superaba esa cifra. “Esto fue perjudicial para el Estado, aunque las personas no hayan cometido un delito penal”, dijo.
Dantés comparó el caso con la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas, explicando que, aunque no hubo sanciones penales, el Estado logró recuperar la propiedad. Además, afirmó que la Secretaría Jurídica del PLD está disponible para apoyar a exfuncionarios que decidan demandar al Estado por haber sido procesados indebidamente, aunque cada caso es responsabilidad individual.
En materia de fondos públicos y transparencia, criticó la transferencia de recursos del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales (IDOPRIL) al SENASA, señalando que viola la ley 8701 y la Ley Orgánica de Presupuesto 423-06, ya que esos fondos están destinados exclusivamente a prestaciones por riesgos laborales, y no a cubrir déficits de otras instituciones.
Asimismo, cuestionó el decreto que declara de emergencia la compra de bienes y servicios para el sector eléctrico, argumentando que la falta de planificación y gestión eficiente no constituye una causa imprevisible que justifique dicha declaratoria. “No se trata de comprar más transformadores o contratar abogados; lo que hace falta es más generación y mejor distribución de la energía”, indicó.
Dantés concluyó que estas situaciones reflejan una deficiencia estructural en la planificación de los sectores público y eléctrico, y llamó a actuar bajo los principios de legalidad y transparencia en la gestión de recursos y contratos públicos.