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El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, advirtió este lunes que la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) de transferir recursos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) al Seguro Nacional de Salud (SENASA), constituye una clara violación a la ley y podría acarrear responsabilidades civiles y penales a quienes la autorizaron.
Entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, Dantés explicó que la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley 397-19, que instituye el IDOPPRIL, establecen de manera explícita que los fondos de esa entidad solo pueden destinarse a cubrir prestaciones y atenciones derivadas de accidentes o enfermedades de origen laboral.
“Si la ley dice que esos recursos son para riesgos laborales, no pueden ser utilizados para tapar déficits financieros de otra institución. La transferencia al SENASA es una ilegalidad”, sentenció.
El dirigente político recordó además que la Ley 87-01 establece que el régimen subsidiado de salud debe financiarse con fondos del Presupuesto Nacional, no con aportes de los trabajadores. A esto agregó que la Ley Orgánica de Presupuesto (423-06) prohíbe expresamente las transferencias de partidas sin que medie una ley del Congreso.
“Estamos hablando de más de 12,500 millones de pesos que se quieren desviar de un fin legalmente establecido hacia otro distinto. Eso es como desvestir un santo para vestir otro, pero peor aún: al primero lo dejas descubierto y al segundo no lo cubres tampoco”, ironizó.
Dantés sostuvo que esta medida no solo carece de sustento jurídico, sino que también representa un golpe para los trabajadores, ya que los recursos de riesgos laborales constituyen un patrimonio que debe garantizar la protección de sus derechos frente a accidentes de trabajo.
“Quienes dispusieron esa transferencia no tenían facultad legal para hacerlo. Esa decisión compromete su responsabilidad civil y penal”, enfatizó.
El miembro del Comité Político del PLD también cuestionó el decreto presidencial que declaró de emergencia al sector eléctrico, asegurando que se trata de una justificación para compras y contrataciones al margen de la ley, premiando la ineficiencia de las distribuidoras.