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El secretario de asuntos legales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, criticó este lunes que el Ministerio Público haya solicitado prisión domiciliaria para tres empresarios del caso SeNaSa que habrían colaborado en el proceso a través de un acuerdo, tras inicialmente consignar prisión preventiva en el expediente. A su juicio, ese tipo de variación alimenta la percepción de impunidad y debilita la persecución penal en casos de alto impacto.
Dantés advirtió en El Sol de la Mañana, que la Procuraduría General de la República (PGR) “se ha convertido” —según su valoración— en una entidad que termina facilitando el lavado de activos cuando pacta salidas que dejan a implicados sin sanción penal efectiva. Señaló que, aun con cooperación, si la participación es de autor o coautor, debe ser procesada en igualdad de condiciones, y remarcó que la respuesta no puede limitarse a sanciones pecuniarias.
“La Procuraduría General tiene un problema y es que se ha convertido desde mi punto de vista, en una institución que facilita el lavado de activos”, dijo Dantés, agregando, “estos son pactos de impunidad. Entonces, aquí se ha cambiado ahora el discurso de lucha contra la corrupción y la impunidad a la institucionalización de la impunidad a través de la procuraduría”.
El dirigente peledeísta sostuvo que debe existir castigo penal como elemento disuasivo y cuestionó el mensaje que se envía si alguien puede admitir hechos, devolver parte del dinero y conservar el resto. También dijo que cualquier cooperación debe ser verificada y corroborada con otras evidencias, y citó como referencia el criterio de oportunidad aplicado en Estados Unidos, donde —según explicó— el esquema contempla condena y reducción posterior en función de la efectividad de la colaboración.
En cuanto al caso SeNaSa, Dantés lo calificó como un expediente con rasgos de “crueldad” e “indiferencia” por tratarse de fondos vinculados de forma directa a la cobertura de salud de más de siete millones de personas. Indicó que por esa razón el juez impuso una medida gravosa a los exfuncionarios imputados y planteó que, por la magnitud del alegado fraude, los empresarios también debieron enfrentar prisión preventiva.
Durante la entrevista, también abordó el debate sobre prisión preventiva. Recordó que ha criticado esa medida cuando se aplica de manera automática y por plazos largos, al entender que puede convertirse en “pena anticipada”. Sin embargo, afirmó que este caso tiene un elemento diferenciador por el posible impacto en vidas y condiciones de salud de ciudadanos que dependían del seguro estatal.
En otro tramo del intercambio, el tema derivó hacia el financiamiento político y la fiscalización de recursos. Dantés afirmó que los partidos deben fortalecer filtros y mecanismos internos para transparentar los fondos privados, y dijo que el PLD trabaja en la implementación de un sistema de compliance para garantizar que los aportes sean verificables y rastreables.
Además, al referirse al contexto político-electoral, el dirigente sostuvo que su organización busca avanzar en un protocolo interno con los aspirantes presidenciales para definir reglas, métodos y un cronograma que —según dijo— no transgreda la normativa. Planteó que el partido debe enfocarse en reconexión con la sociedad y fortalecimiento orgánico, mientras se estructura el proceso de escogencia.
La conversación incluyó cruces sobre precedentes de judicialización en otros gobiernos, cuestionamientos sobre el rol de actores internacionales y discusiones sobre protestas frente al Palacio de Justicia por el caso SeNaSa. Dantés afirmó que la indignación social ha sido excepcional en este expediente, aunque insistió en que, más allá de presiones, los procesos deben sostenerse con debido proceso, pruebas y sanciones proporcionales.