El imputado José Gómez Canaán (Jochy) aseguró este viernes que el Estado dominicano le adeuda más de RD$800 millones, durante su intervención en la audiencia del proceso judicial que se le sigue por el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
En su defensa material ante el tribunal, Gómez Canaán negó las acusaciones de estafa y sostuvo que la empresa Transcore recibió un anticipo de RD$263 millones, pero realizó inversiones que, según indicó, superan los RD$1,100 millones en el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Defensa y deuda reclamada
“El Estado tiene los equipos, los está utilizando desde 2023 y, aun así, me deben más de 800 millones de pesos. ¿Quién estafó a quién?”, expresó el imputado durante su exposición ante el tribunal.
El empresario explicó que la ejecución del contrato comenzó en junio de 2023, mientras que los pagos se realizaron meses después, lo que obligó a la empresa a financiar el proyecto mediante créditos, incluyendo más de RD$120 millones gestionados a través del Banco BDI, además de aportes de compañías vinculadas.
Sobre las transferencias internacionales, indicó que correspondieron a pagos a proveedores en países como Estados Unidos, Canadá, China y varias naciones europeas, destinados a la compra de equipos tecnológicos que, según afirmó, fueron importados legalmente y utilizados en la instalación de 305 intersecciones semaforizadas.
Respuesta a las acusaciones
En relación con los señalamientos de sabotaje y delitos tecnológicos, Gómez Canaán alegó que el propio INTRANT intervino el sistema sin contar con el conocimiento técnico adecuado, lo que habría generado fallas en su funcionamiento.
Asimismo, rechazó las imputaciones de lavado de activos vinculadas a la empresa Dekolor, asegurando que operaba bajo esquemas fiduciarios y que no recibió fondos directos del Estado. Añadió que dicha compañía continuó ofreciendo servicios pese a una deuda que, según dijo, supera los RD$700 millones.
Impacto personal
Durante su intervención, el imputado también se refirió a las repercusiones del proceso judicial en su entorno familiar, tras más de 14 meses bajo medidas de coerción.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la audiencia en la que se conoce el expediente acusatorio, mientras el Ministerio Público mantiene cargos por presunta estafa contra el Estado, lavado de activos y delitos de alta tecnología.