El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció supuestos “abusos” dentro del proceso judicial que enfrenta por alegados actos de corrupción administrativa y afirmó que la lucha contra la corrupción debe desarrollarse respetando las garantías del Estado de derecho.
A través de un documento difundido a los medios de comunicación, Rodríguez sostuvo que algunas prácticas dentro del sistema judicial no deberían tener espacio en una democracia, al considerar que pueden afectar derechos fundamentales antes de que exista una decisión definitiva de los tribunales.
El exfuncionario criticó que los procesos penales sean acompañados de filtraciones selectivas, informaciones incompletas o ruedas de prensa que, según afirmó, pueden convertirse en una condena social anticipada.
“Ninguna rueda de prensa debe sustituir una sentencia”, expresó Rodríguez, al señalar que los jueces deben tomar decisiones sin presiones directas o indirectas.
También cuestionó que abogados, fiscales, jueces, periodistas, peritos o testigos puedan sentir que el ejercicio independiente de sus funciones genere consecuencias personales.
Rodríguez afirmó que un proceso penal no debe utilizarse para afectar el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o la reputación de una persona antes de una sentencia definitiva.
Asimismo, señaló como prácticas cuestionables la presión sobre abogados defensores, clientes, entidades financieras y personas vinculadas profesionalmente con un imputado.
El exprocurador también criticó el uso de la prisión preventiva como una herramienta de castigo y los retrasos que puedan extender los procesos judiciales más allá de los plazos establecidos por la ley.
Rodríguez sostuvo que perseguir la corrupción y respetar los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios, sino condiciones necesarias para garantizar una justicia legítima.
El Ministerio Público lo acusa, según el expediente judicial, de participar en un esquema de corrupción que habría provocado perjuicios superiores a RD$6,000 millones durante su gestión como procurador general entre 2016 y 2020.
La declaración del exfuncionario ocurre luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazara una solicitud de nulidad presentada por las defensas y ordenara la continuación del juicio para el próximo 22 de julio de 2026.
El tribunal también dispuso que las partes se abstengan de utilizar apodos para referirse al proceso, en cumplimiento de criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.