x
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acudió la mañana de este miércoles al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde fue fijada la audiencia sobre el denominado caso Medusa, tras cinco años de litigio.
En el juicio, presidido por la magistrada Claribel Nivar, el Ministerio Público establece que hubo un desfalco superior a RD$6,000 millones contra el Estado dominicano.
El proceso judicial, que inició hace más de cuatro años y medio, mantiene como principal acusado al exprocurador Rodríguez, a quien el órgano persecutor acusa de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020.
El ex procurador Jean Alain Rodríguez dijo que diversas publicaciones acogen la versión del Ministerio Público que le "atribuye erróneamente" a él la dilación del proceso penal en su contra por corrupción y desfalco al Estado, cuando en realidad -sostuvo- se debe a la negligencia de los fiscales que, "tras más de cinco años y siete meses desde su inicio", aún no haya comenzado el juicio de fondo.
Dijo esperar que finalmente este miércoles 11 de febrero "el juicio pueda iniciar, a fin de exponer, junto a mis abogados, más de 25 violaciones al debido proceso y, posteriormente, desmontar una a una las imputaciones que aún subsistan, ante el tribunal y ante la ciudadanía".
Recordó en su comunicación que estuvo cuatro años privado de libertad y que "resulta contrario a toda lógica sostener que una persona que pasó" ese tiempo tras las rejas "tenga interés" en seguir prolongando este proceso penal.
"Por el contrario, siempre he sido el principal interesado en que este juicio inicie y concluya conforme a derecho", remarcó.
"Desde el inicio -dice en su escrito-, hemos procurado que se conozcan las pruebas depositadas, no solo porque refuerzan mi presunción constitucional de inocencia, sino porque evidencian múltiples irregularidades y graves violaciones al debido proceso, incluyendo falsificación de documentos, ocultamiento de pruebas de descargo, alteración de dispositivos electrónicos, amenazas a testigos e imputaciones de hechos ajenos a mi gestión."
Sostuvo que la acusación en su contra es "innecesariamente abultada, confusa e ininteligible, compuesta por más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas, lo que generó múltiples violaciones al debido proceso y casi dos años adicionales de retraso".
Para encubrir omisiones, el Ministerio Público, acusó Rodríguez, ha calificado de “táctica dilatoria” toda solicitud "legítima de entrega de pruebas y notificación adecuada" que ha presentado en su descargo, porque "la ley establece que tales requerimientos son esenciales para el ejercicio del derecho de defensa y todos han sido aprobados por los Tribunales".
"De hecho -remata-, los jueces apoderados del caso han dejado constancia expresa de que las dilaciones identificadas son imputables al Estado y no a mi persona."