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El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien denunció una serie de atropello en su contra, auspiciado por el Ministerio Público, afirmó este jueves en El Sol de la Mañana que las presuntas malas prácticas que hoy denuncia no comenzaron durante su gestión, sino que ya existían previamente.
Al ser cuestionado sobre el origen de esas actuaciones, Rodríguez sostuvo que cuando asumió el cargo intentó corregirlas y restringirlas, aunque reconoció que el modelo institucional limita el control absoluto del procurador.
“Eso comenzó antes de mi gestión y durante mi gestión traté de mejorarlo, traté de que se restringiera lo más posible”, expresó.
Recordó que el Ministerio Público goza de independencia funcional individual, lo que —según explicó— impide que el procurador supervise cada actuación procesal de los fiscales.
“Los ministerios públicos gozan de independencia individual y muchos de ellos son incontrolables. Un procurador no ve casos, delega en los fiscales como lo establece la ley”, señaló.
Indicó que el Ministerio Público recibe cerca de un millón de denuncias y procesos al año, por lo que atribuir al titular de la institución cada actuación individual resulta, a su juicio, incorrecto.
Rodríguez mencionó que durante sus primeros dos años la fiscal del Distrito Nacional fue Jenny Berenice Reynoso y posteriormente Rosalba Ramos, elegida por concurso, destacando que las decisiones operativas recaen en esas instancias.
Asimismo, defendió su gestión administrativa. Citó el aumento de programas de formación para fiscales, la construcción de más de 12 mil espacios carcelarios, la remodelación de 45 instalaciones y la mejora en equipamientos. “De eso sí soy responsable”, afirmó.
En la entrevista también fue cuestionado sobre el episodio ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura relacionado con la magistrada Miriam Germán Brito. Sobre ese hecho, indicó que entiende que actuó conforme a sus funciones y que no considera que deba retractarse.
Rodríguez reiteró que el proceso en su contra debe evaluarse bajo criterios legales y no desde una narrativa política o personal, insistiendo en que las prácticas que cuestiona forman parte de un modelo institucional previo a su administración.