El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó este viernes que la Junta Central Electoral no puede interferir en la libre determinación de los partidos políticos, al sostener que esas organizaciones tienen derecho a tomar las decisiones que entiendan convenientes, siempre que actúen dentro del marco de la ley.
Martínez Pozo abordó el tema al comentar la respuesta de la Junta Central Electoral a una comunicación enviada por Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, relacionada con el proceso interno de esa organización.
El comentarista consideró que la Junta Central Electoral ha sido “en extremo abierta” al responder una solicitud individual de un dirigente partidario, porque, según explicó, la relación institucional de ese órgano electoral es con los partidos políticos formalmente representados, no con cada miembro de manera particular.
“La Junta Central Electoral no es contenciosa”, expresó Martínez Pozo, al señalar que si un dirigente entiende que se le ha afectado un derecho, debe acudir a la instancia correspondiente y no convertir a la Junta en un tribunal interno de los partidos.
Según su planteamiento, la Junta es una entidad administrativa con atribuciones claramente definidas por la ley. Por esa razón, entiende que sus actuaciones frente a los partidos deben canalizarse a través de las representaciones acreditadas, como delegados políticos, técnicos electorales o presidentes de organizaciones.
Martínez Pozo advirtió que si la Junta abre la puerta a responder reclamos individuales de miembros de órganos internos, se expone a un desbordamiento institucional.
“Si la Junta se abre a eso, los miembros del Comité Político son 51, los miembros de la Alta Dirección de la Fuerza del Pueblo son 90, los miembros del PRM no sé cuántos son; cada uno de manera individual tendría potestad para ir ante la Junta”, sostuvo.
El comentarista insistió en que la Junta debe atender solicitudes de partidos políticos, no de dirigentes particulares que actúen al margen de la representación formal de sus organizaciones.
Martínez Pozo también explicó que, a su juicio, la condición de miembro del Comité Político del PLD no otorga representación individual ante la Junta Central Electoral.
Definió ese órgano como una entidad que solo existe colectivamente cuando está reunida con quórum y adopta decisiones como cuerpo partidario.
“Nadie tiene representatividad individual como miembro de un Comité Político ante nada. Esa representatividad nada más la da la colectividad”, afirmó.
Aseguró que cualquier actuación reconocida como decisión del Comité Político debe emanar de una reunión válida de ese organismo. De lo contrario, dijo, se trataría de una posición personal del dirigente, no de una solicitud institucional del partido.
Martínez Pozo sostuvo que, si algún miembro entiende que dentro de su organización se le vulnera un derecho, puede recurrir al Tribunal Superior Electoral u otra vía correspondiente, pero no pretender que la Junta actúe como instancia contenciosa interna.
En cuanto al fondo del debate, el comentarista defendió que los partidos tienen pleno derecho a organizar sus procesos internos de acuerdo con lo que consideren conveniente, siempre que no violen la ley.
“Los partidos políticos tienen pleno derecho a hacer lo que ellos entiendan dentro del marco de la ley”, expresó.
Martínez Pozo agregó que un partido no puede actuar en función de lo que convenga a un dirigente particular, sino de lo que entienda beneficioso para la organización en su conjunto.
“Los partidos no pueden actuar en lo que le convenga a fulano, a perencejo o a sultanejo. Los partidos lo que tienen que preguntarse es qué es lo que les conviene al partido”, señaló.
A su entender, si el PLD decide realizar una consulta interna o cualquier mecanismo político fuera de los plazos formales de precampaña, la Junta podría aclarar que ese proceso no tiene efectos legales vinculantes ante el sistema electoral, pero no impedir que la organización haga una actividad política interna.
Martínez Pozo también planteó que la Junta Central Electoral podría colaborar técnicamente con procesos de organizaciones políticas, siempre que esa colaboración no implique validar legalmente candidaturas fuera de los plazos establecidos.
Explicó que la Junta podría facilitar equipos o asistencia como parte de su labor de educación ciudadana y promoción de la participación política, sin convertirse en garante legal de una consulta interna.
“La Junta puede colaborar porque la colaboración es parte de la promoción de la participación política”, dijo.
Precisó que esa ayuda no convertiría a la JCE en compromisaria de los resultados ni otorgaría validez electoral a un proceso realizado antes del tiempo establecido por la ley.
El comentarista afirmó que la Junta solo puede reconocer formalmente candidaturas o precandidaturas dentro de los períodos establecidos por la legislación electoral. Por eso, consideró que llamar “aspirante presidencial” a un dirigente fuera de esos plazos puede generar contradicciones legales.
Martínez Pozo también cuestionó el argumento de que un respaldo temprano dentro del PLD genere una ventaja indebida contra Francisco Domínguez Brito.
Aseguró que, entre los dirigentes que realmente aspiran a la candidatura presidencial peledeísta, Domínguez Brito es quien lleva más tiempo promoviendo una aspiración de ese tipo.
“Si hay alguien en el PLD de los que está aspirando que no puede alegar eso, es Francisco Domínguez Brito”, dijo.
El comentarista sostuvo que Domínguez Brito tiene más tiempo aspirando a la Presidencia dentro del PLD que otros dirigentes como Francisco Javier García o Gonzalo Castillo.
Finalmente, Martínez Pozo reiteró que la Junta Central Electoral debe preservar su rol administrativo y evitar colocarse en una posición que la convierta en receptora de reclamos individuales de cada dirigente o militante de los partidos políticos.
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