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La Knéset, el Parlamento israelí, continúa el proceso del proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a palestinos acusados de asesinar a ciudadanos israelíes, luego de que este lunes la Comisión de Seguridad Nacional aprobara la iniciativa. La comisión remitirá ahora el proyecto al pleno de la Knéset para continuar su tramitación parlamentaria.
El proyecto, promovido por Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, busca que terroristas que asesinen a ciudadanos israelíes por motivos raciales o de hostilidad hacia el Estado sean sentenciados únicamente a muerte. Además, permitirá que un tribunal militar imponga la pena capital por mayoría simple, sin posibilidad de conmutación.
Durante el debate en comisión, el coordinador israelí para asuntos de rehenes, Gal Hirsch, expresó su oposición inicial al proyecto debido al peligro que supondría para los rehenes en Gaza, aunque reconoció que la situación actual cambia esa evaluación. Por su parte, Ben Gvir defendió la medida como una política de disuasión y aseguró que la ley es “moral, justa y fundamental para la seguridad del Estado”.
El proyecto de ley seguirá un proceso de tres lecturas en la Knéset, iniciando esta semana, y requiere pasar nuevamente por comisión antes de su aprobación definitiva en el pleno.
Contexto y controversias
El término “terrorista”, utilizado por las autoridades israelíes, abarca a palestinos que atacan a soldados o colonos en Cisjordania, incluyendo incidentes donde los atacantes pueden ser niños, mujeres o hombres que lanzan piedras y son abatidos por el Ejército. En Gaza, la definición incluye presuntos miembros del brazo armado de Hamás y otras organizaciones, aunque en muchos casos no se prueba su afiliación y los ataques suelen afectar también a civiles.
Además de la pena de muerte, Ben Gvir ha impulsado un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos, denunciadas por abusos como privación del sueño, alimentos y condiciones de higiene, en el marco de su política de “mínimo de lo mínimo” para los denominados terroristas.
Con esta iniciativa, Israel da un paso significativo en la criminalización y penalización extrema de los ataques contra sus ciudadanos, generando preocupación sobre la proporcionalidad y los derechos humanos en el contexto del conflicto palestino-israelí.