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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) abrió de oficio una investigación contra las empresas Blue Caribe, S.R.L.; Ultracaribe, S.R.L.; Karbix Group, S.R.L.; y Grupo Tanto Caribe, S.R.L., tras detectar posibles indicios de coordinación de ofertas en un proceso de compras públicas convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
De acuerdo con el organismo, las sospechas se sustentan en varias coincidencias encontradas en la documentación presentada durante la licitación del Programa de Alimentación Escolar, las cuales apuntan a eventuales prácticas anticompetitivas entre los oferentes.
Entre los elementos observados figuran vínculos societarios entre las compañías investigadas, uso de los mismos auditores y notarios, así como la obtención de documentos claves —como pólizas de fianza y permisos sanitarios— con numeración consecutiva y emitidos en fechas idénticas.
Estos factores fortalecen la hipótesis de que pudo existir una colusión para manipular los resultados del procedimiento de contratación pública.
Pro-Competencia explicó que la conducta identificada, de confirmarse, estaría contemplada en el artículo 5, literal “b” de la Ley 42-08, que prohíbe los acuerdos entre competidores para coordinar ofertas en licitaciones públicas o privadas.
La investigación surge a raíz de una notificación realizada por el propio INABIE, lo que llevó a la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia a abrir la fase formal de indagación.
La institución aclaró que la resolución emitida no implica culpabilidad para las empresas mencionadas, sino que permite recabar evidencias respetando el derecho a defensa y la presunción de inocencia de los implicados. Los detalles del caso se encuentran en la resolución No. RII-DE-AAC-004-2025, publicada en el portal de Pro-Competencia.
El Programa de Alimentación Escolar, uno de los más grandes del sistema educativo dominicano, ha estado bajo observación en los últimos años por denuncias de irregularidades en sus procesos de contratación. Este esquema de compras públicas representa una inversión millonaria y exige condiciones de transparencia y libre competencia.
El envío de este caso a Pro-Competencia forma parte de los esfuerzos del INABIE por reforzar los mecanismos de control en sus licitaciones y garantizar un acceso equitativo entre los suplidores.
La práctica de coordinación de ofertas o colusión es considerada una de las violaciones más graves en materia de competencia, ya que distorsiona los mercados públicos, afecta los recursos del Estado y perjudica a los proveedores que compiten en igualdad de condiciones.
La investigación actual se suma a las acciones implementadas por las autoridades para fortalecer la transparencia en las compras gubernamentales y sancionar cualquier práctica que pueda atentar contra el interés general.