x
El Tribunal Superior Electoral ha fijado para el 29 de abril a las 9:00 de la mañana, una Acción de Amparo Electoral Preventivo de Cumplimiento, a instancia del abogado Máximo Ramón Castillo Salas, que busca evitar conocimiento de proyecto de ley de candidaturas independientes sometido por la Junta Central Electoral ante el Congreso Nacional.
El recurso sometido, según explicó el jurista, expresidente de la Cámara de Cuentas y de la Comunidad Nacionalista en una nota de prensa, tiene varios objetivos, entre ellos evitar que a los aspirantes independientes se les violente su derecho político electoral con el proyecto de ley sometido el 28 de marzo por la JCE en la Cámara de Diputados.
De acuerdo al documento enviado, el proyecto de ley propuesto por la JCE es considerado lesivo y excluyente, ya que vulneraría derechos fundamentales relacionados con la participación política de aspirantes independientes.
Además, señaló que el amparo busca exigir que la JCE cumpla con el mandato establecido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. TC/0788/24 del 13 de diciembre de 2024. En dicho fallo, el Tribunal ordena a la Junta emitir el reglamento sobre el "Instituto de las Candidaturas Independientes", bajo criterios de razonabilidad, inclusión y proporcionalidad, y sin barreras desmedidas que limiten la participación ciudadana.
Este reglamento debe ser regulado por la JCE, y según el criterio del TC, debe ser razonable, inclusivo, proporcional, libre de barreras desmedidas que pudieran limitar la participación ciudadana en estas candidaturas independientes, así lo indica la mencionada sentencia.
En la instancia presentada ante el órgano contencioso electoral, los accionantes alegan que al remitir al Congreso un proyecto de ley que endurece los requisitos para las candidaturas independientes, la JCE está amenazando derechos fundamentales y transgrediendo el orden constitucional.
Asimismo, critican que la JCE haya ignorado los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional en su decisión TC/0788/24. A su juicio, esta omisión coloca a la institución al margen del marco normativo vigente, transgrediendo los principios que rigen el sistema democrático".