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El proceso judicial contra 17 militares acusados de la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores en Ecuador comenzó este miércoles, casi un año después de los hechos ocurridos en diciembre de 2024.
El caso ha generado conmoción nacional, ya que los jóvenes aparecieron días después calcinados y con impactos de bala, luego de haber sido detenidos por patrullas militares en Guayaquil.
Los menores Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11, fueron detenidos en los exteriores de un centro comercial en el barrio Las Malvinas y trasladados a la zona rural de Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Inicialmente, los militares afirmaron haberlos dejado con vida, pero una segunda reconstrucción de los hechos cambió la versión cuando tres soldados solicitaron cooperación eficaz y declararon que los menores fueron golpeados y humillados antes de su muerte. La autopsia reveló disparos en la cabeza.
La Fiscalía ha preparado 176 pruebas, entre testimonios de peritos, reproducciones de cámaras de seguridad y documentos. Los abogados defensores, por su parte, llevarán otra centena de testigos, lo que podría extender el juicio por varias semanas. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos acompaña a las familias, quienes esperan una sentencia antes de fin de año.
Durante la audiencia inicial, la defensa de los militares insistió en que actuaron bajo estricta subordinación y respondieron a supuestas denuncias de robo, una tesis descartada por la Fiscalía. Algunos familiares de las víctimas participaron en la diligencia y reiteraron que los adolescentes solo habían salido a jugar fútbol y comprar pan.
La audiencia continuará este jueves con más declaraciones.