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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acogió diversas solicitudes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y ordenó la inhabilitación de varios proveedores por la presunta presentación de documentos falsos o adulterados en procesos de Licitación Pública para la confección y suministro de utilería escolar correspondientes a los períodos 2025-2026 y 2026-2027.
Las resoluciones emitidas por la DGCP establecen que las empresas incurrieron en faltas graves que contradicen los principios de veracidad, transparencia y buena fe contemplados en las leyes 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y 107-13 sobre Procedimiento Administrativo.
Entre las compañías sancionadas figura Stellakax, S.R.L., cuyo Registro de Proveedor del Estado fue inhabilitado luego de verificarse la presentación de un “Acuerdo de Almacenamiento y Guarda” con un sello notarial presuntamente falsificado. El documento fue utilizado en una licitación destinada a la confección y adquisición de zapatos escolares para centros públicos.
Asimismo, fue inhabilitada Legi Group, S.R.L., tras comprobarse que el acta de asamblea extraordinaria presentada no había sido emitida por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. La empresa participaba en procesos para la elaboración de poloshirts, pantalones, mochilas y kits de útiles escolares para el período 2025-2027.
La DGCP también sancionó a Promokool, S.R.L., al confirmar que la compañía aportó un acta de asamblea adulterada, con un sello del Colegio de Abogados modificado. La entidad rechazó el alegato de la empresa de que la alteración fue realizada sin autorización por una empleada, señalando que la responsabilidad es exclusiva del proveedor. La documentación fue utilizada en la licitación nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0010 para la confección de mochilas y kits escolares.
De igual manera, quedó inhabilitada Rosetti, S.R.L., luego de verificarse la presentación de un contrato de arrendamiento con un sello notarial falsificado durante el proceso INABIE-CCC-LPN-2024-0012, relativo también a la producción de zapatos escolares. La DGCP concluyó que la manipulación del documento vulneró principios esenciales del sistema de contrataciones públicas.
La institución afirmó que estas decisiones buscan fortalecer la transparencia en las compras del Estado y asegurar que los proveedores cumplan con las normas éticas y legales, especialmente en procesos vinculados al abastecimiento de bienes destinados a la comunidad estudiantil.