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El ingeniero Miguel Liberato denunció que detrás de la deuda que el Estado mantiene con un grupo de contratistas existe un grave drama humano, al revelar que 19 ingenieros se han suicidado y que casi 20 han fallecido sin ver el pago de los trabajos que ejecutaron para el Estado dominicano.
Durante una llamada al programa El Sol de la Mañana, Liberato explicó que las obras reclamadas tienen décadas en servicio y han sido usufructuadas por el pueblo dominicano, pero que el impago ha provocado una situación de vulnerabilidad extrema entre los contratistas.
Indicó que el no pago ha destruido núcleos familiares completos, con ingenieros que perdieron sus hogares, matrimonios que se desintegraron y hijos que tuvieron que abandonar sus estudios, todo como consecuencia directa de una deuda que no ha sido saldada por fallas internas del propio Estado.
El ingeniero Miguel Liberato aseguró que un grupo de contratistas con obras debidamente ejecutadas y contratos formalizados está pagando las consecuencias de la negligencia e ineficiencia del Estado, al no recibir el pago de deudas acumuladas durante varios gobiernos.
Durante la llamada, explicó que el proyecto de ley observado por el presidente de la República involucra tres grupos distintos de contratistas, los cuales no pueden ser tratados de la misma manera. Precisó que uno de esos grupos es el Comité Institucional Codiano, al que pertenece, integrado por 92 ingenieros que cuentan con todos sus contratos debidamente registrados y en regla.
Indicó que, a diferencia de otros sectores, este grupo ejecutó obras verificables que han sido utilizadas durante décadas por el Estado y la ciudadanía, por lo que consideró injusto que se cuestione el pago de esas deudas. “Las obras están ahí, han sido usufructuadas por el pueblo dominicano, y aun así no se nos paga”, expresó, tras señalar que el Estado se ha beneficiado de esos trabajos sin cumplir con sus compromisos.
Liberato subrayó que la observación presidencial no niega la existencia de la deuda, sino que evidencia la necesidad de corregir los mecanismos legales para saldarla. Sin embargo, advirtió que no es aceptable que se pretenda responsabilizar a los contratistas por la pérdida de documentos que estaban bajo custodia de las propias instituciones públicas.
El ingeniero describió el impacto humano del impago como “trágico”, revelando que al menos 19 contratistas se han suicidado y cerca de 20 han fallecido sin recibir el pago, mientras cientos de familias han visto deteriorarse su calidad de vida. Relató casos de profesionales de edad avanzada que no pueden costear medicamentos y de hijos que tuvieron que abandonar sus estudios por la crisis económica generada.
Según explicó, muchas de las deudas datan desde 1994, aunque la mayor parte se originó durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Indicó que cerca del 50 % de los contratistas adeudados reclaman montos entre RD$100,000 y menos de RD$1 millón, lo que calificó como “incomprensible” ante la gravedad del daño humano causado. En total, la deuda reclamada por el grupo asciende a RD$390 millones.