
A más de tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Ciudad de México, ocurrida el 10 de septiembre, el Gobierno capitalino informó que los acuerdos reparatorios con las víctimas alcanzan un monto total de 480 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 26.6 millones de dólares.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, explicó que del total comprometido, 429 millones de pesos ya han sido entregados, lo que representa un avance cercano al 90 %. Detalló que 266 millones fueron destinados a los familiares de las personas fallecidas, 136.5 millones a las 63 personas lesionadas y 27 millones a afectados por otros daños.
La funcionaria indicó que, de las 144 víctimas directas e indirectas, 127 ya recibieron compensación y se han firmado 143 acuerdos reparatorios. Los casos pendientes corresponden principalmente a daños materiales y a situaciones legales específicas, como trámites sucesorios o definiciones de patria potestad.
Alcalde Luján resaltó que, en comparación con otros accidentes de múltiples víctimas en el país, los montos de reparación otorgados en este caso se sitúan por encima del promedio histórico.
En cuanto a las causas del siniestro, la Fiscalía confirmó que el conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, fue responsable del accidente debido al exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo al tomar una curva, lo que provocó la fractura del tanque y una fuga masiva de gas LP que derivó en un incendio de gran magnitud.
Asimismo, señaló que la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., incurrió en omisiones relacionadas con la capacitación del conductor y la supervisión de las jornadas de manejo, factores que habrían incrementado el riesgo del accidente.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció los esfuerzos institucionales, aunque subrayó que ninguna compensación económica puede reparar la pérdida de vidas humanas. El siniestro dejó un saldo de 32 personas fallecidas, 63 lesionadas y decenas de familias y negocios afectados por daños materiales.