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INABIE adjudica licitación de casi RD$50 mil millones para alimentación escolar hasta 2028 sin certificación de presupuestos

La denuncia fue realizada por la periodista, Rosa Encarnación, en el programa radial El Sol de la Mañana de RCC Media, donde destacó que la licitación fue publicada el pasado 25 de febrero, coincidiendo con la salida del ministro Ángel Hernández Castillo del Ministerio de Educación. 

Joseiri Novas
Joseiri Novas
12 marzo, 2025 - 11:43 AM
3 minutos de lectura
La periodista y directora de Prensa del Grupo RCC Media, Rosa Encarnación en El Sol de la Mañana.
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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) adjudicó un proceso de licitación valorado en casi 50 mil millones de pesos para la contratación del suministro de alimentos en las escuelas públicas hasta el año 2028, sin contar con la certificación de presupuestos. 

La denuncia fue realizada por la periodista, Rosa Encarnación, en el programa radial El Sol de la Mañana de RCC Media, donde destacó que la licitación fue publicada el pasado 25 de febrero, coincidiendo con la salida del ministro Ángel Hernández Castillo del Ministerio de Educación. 

“O sea que sin tener presupuesto en mano en el Ministerio de Educación, a través del Inabie, (…) se está abriendo un proceso que tiene un alcance hasta el año 2028 sin tener esos presupuestos en mano y no estamos hablando de dos pesos”, reiteró Encarnación.

La periodista explicó que la certificación de los fondos no aparece en la documentación. "En ninguna de las documentaciones que ellos han colgado en este proceso existe la certificación, dice certificación y cuando usted le da clic está vacía", añadió.

“Lo justifican de la siguiente manera, que ellos basan esa extensión hasta el 2028 en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 416-23 sobre Compras y Contrataciones y también con el decreto del 2017 bajo el mandato de Danilo Medina”, dijo. 

Sin embargo, al revisar dicho reglamento, Encarnación señaló que este establece que cualquier modificación presupuestaria debe ser registrada y gestionada a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera y el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, lo que evidencia que, en este caso, se estaría actuando en contraposición a lo estipulado.

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