Los imputados en la Operación Antipulpo, entre ellos Alexis Medina, Magalys Medina y otros 13 acusados, solicitaron este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción del proceso judicial, argumentando que la dilación ha vulnerado sus derechos.
La abogada Wendy Lora, defensora de Magalys Medina Sánchez, afirmó que el caso, iniciado el 6 de diciembre de 2020, ha enfrentado retrasos de hasta ocho meses atribuibles al Ministerio Público, afectando el debido proceso.
Lora también resaltó que Medina Sánchez ha permanecido 32 meses bajo arresto domiciliario y que el caso lleva más de cuatro años y tres meses sin una resolución definitiva, lo que consideran una violación a sus derechos fundamentales.
El tribunal evaluará la solicitud de los imputados, quienes buscan que el proceso sea archivado por exceso de tiempo en su desarrollo.
La abogada citó la Ley 10-15, que modifica el artículo 148 del Código Procesal Penal, señalando que la duración máxima de un proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento.
Asimismo, denunció que el Ministerio Público incluyó como prueba un disco duro inservible, el cual, según su criterio, no guarda relación con el caso. También acusó al órgano persecutor de haber sido intimado en varias ocasiones para avanzar con procedimientos clave, lo que calificó como negligencia en la conducción del proceso.
En la misma línea, la defensa de Alexis Medina, encabezada por su equipo legal, se adhirió a la solicitud de extinción, resaltando que su representado ha permanecido 37 meses privado de libertad sin una sentencia definitiva.
Otras once defensas se sumaron a la petición, denunciando la prolongación excesiva del proceso judicial y señalando que, aunque finalice la prisión preventiva, “la prisión termina, pero no la condena”.
El tribunal fijó para el 17 de marzo la emisión de su decisión sobre la solicitud de extinción del proceso, lo que determinará si acoge los alegatos de la defensa o si el caso continuará su curso judicial.