La imposición de un gravamen del 12.5 % por parte del gobierno estadounidense a los bienes provenientes de República Dominicana ha generado inquietud en los sectores productivos. La medida, motivada por señalamientos sobre la gestión del trabajo forzado, sitúa al país en desventaja frente a competidores centroamericanos que enfrentarán una tarifa menor.
Según un análisis de la firma Naut & Associates, las zonas francas sufren la mayor vulnerabilidad, con riesgo directo para renglones clave como los dispositivos médicos y el tabaco. La falta de exenciones bilaterales compromete la llegada de nuevo capital y amenaza la estabilidad del empleo formal.
El margen tarifario superior encarece el acceso al mercado norteamericano, obligando a las empresas a recortar beneficios o trasladar costos al consumidor final. Este escenario eleva el peligro de que multinacionales transfieran sus líneas de producción a destinos con menores cargas tributarias, como México o Centroamérica.
A la desventaja económica se suma un impacto en la reputación comercial del país, lo que derivará en inspecciones aduaneras más rigurosas por parte de las autoridades estadounidenses. Ante la falta de mecanismos de protección para productos estratégicos, el sector privado enfatiza la urgencia de coordinar acciones técnicas y diplomáticas para mitigar los daños a la industria local.