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Tras acoger la petición del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó prisión preventiva a Carlos Javier Estévez, involucrado en la red delictiva que defraudó con millones de dólares a cientos de ancianos en los Estados Unidos.
El procurador adjunto Andrés Chalas representó al Ministerio Público en la audiencia, donde los magistrados Francisco Jerez, Francisco Ortega Polanco y Fran Soto decidieron imponer la medida de coerción al acusado, quien es solicitado en extradición por las autoridades estadounidenses, donde enfrentará cinco cargos.
Se indicó que los cargos incluyen asociación delictuosa para perpetrar fraude electrónico y por correo, el primero; fraude electrónico, los terceros y séptimos; fraude por correo, el undécimo, además de asociación delictuosa para lavar las ganancias del fraude electrónico y por correo o lavado de dinero, el diecisiete.
La organización criminal, compuesta por varias personas, estafó a los ancianos desde centros de llamadas en la República Dominicana, donde los contactaban haciéndose pasar por hijos, nietos u otros familiares cercanos, solicitando ayuda económica bajo el pretexto de salir de un problema por un accidente automovilístico.
El acusado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, ubicado en la provincia de Santiago, hasta que se defina su proceso de extradición.
Contra Estévez, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey, en Estados Unidos, emitió una orden de captura el 4 de enero de 2024.
Posteriormente, el 19 de marzo de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la Resolución No. 001-022-2024-SRES-00479, mediante la cual, tras ser perseguido por las autoridades, se ejecutó su arresto en Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, el 25 de febrero de 2025.
Los magistrados fijaron para el próximo 8 de abril, a las 11:00 de la mañana, la audiencia en la que se conocerá el fondo de la solicitud de extradición del imputado.
La red fue desmantelada en la provincia de Santiago en el año 2023, tras la ejecución de la Operación Discovery 2.0, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
El documento señala que a sus integrantes se les atribuyeron, entre otros, delitos de extorsión y robo de identidad contra ciudadanos estadounidenses.