Imponen libertad pura y simple para directora del Da Vinci y garantía económica a otras tres imputadas por muerte de Stephora

El Ministerio Público apelará la decisión judicial por considerar inadecuadas las medidas tomadas. La acusación indica negligencia y falta de supervisión en la excursión en la que murió la niña.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este miércoles diversas medidas de coerción contra cuatro integrantes del Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, presuntamente vinculadas a la muerte por asfixia mecánica de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre.

La jueza otorgó libertad pura y simple a la directora administrativa del centro, Yris del Carmen Reyes Adames, mientras que a Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, les impuso garantía económica de 500 mil pesos, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.

MP anuncia apelación

La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), expresó que el Ministerio Público no está conforme con la decisión judicial y que interpondrá un recurso de apelación.

“El Ministerio Público no se encuentra conforme con la medida de coerción impuesta”, declaró Diná Llaverías, al considerar que la gravedad del caso exige medidas más estrictas.

Detalles del expediente

Según la acusación, la excursión en la que falleció Stephora fue aprobada y planificada por las cuatro imputadas, quienes participaron en la reunión previa donde se autorizó la actividad recreativa en la hacienda Los Caballos, en Gurabo. La niña murió ahogada en una piscina, presuntamente sin supervisión adecuada del personal responsable.

Familia insiste en negligencia

El abogado de los familiares de la víctima, Miguel Valdemar Díaz, reiteró recientemente que no se trató de un acto intencional, sino de un caso de negligencia grave por parte del colegio, calificando el hecho como un “homicidio involuntario” que debía evitarse con una correcta supervisión.

El Ministerio Público sostiene que las imputadas incurrieron en fallas de supervisión y responsabilidad directa en el manejo de la actividad que terminó con la muerte de la estudiante.