El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo a más de 10,000 personas en los últimos cinco días, en el marco del reforzamiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La cifra representa un incremento significativo respecto al ritmo de arrestos registrado a inicios de año, cuando las detenciones rondaban las 1,000 diarias, mientras que actualmente se aproximan a 2,000 por día, según datos citados por medios internacionales.
De acuerdo con el diario The New York Times, que tuvo acceso a documentos internos y fuentes federales, la dirección del ICE instruyó a sus oficinas regionales a intensificar los operativos para localizar y detener a personas sujetas a procesos de deportación.
Las acciones incluyen controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en espacios públicos, con el objetivo de aumentar el número de arrestos destinados a procesos de expulsión del país.
El incremento de las detenciones se produce en paralelo con la estrategia de la Casa Blanca de acelerar las deportaciones masivas, una de las principales promesas del segundo mandato de Trump.
Las autoridades han optado por un enfoque más discreto en esta nueva fase de los operativos, reduciendo la visibilidad mediática que caracterizó redadas anteriores en ciudades como Chicago y Los Ángeles.
Según el reporte, las detenciones se están ejecutando principalmente mediante controles de rutina, operativos focalizados y revisiones en carretera, lo que permite incrementar los arrestos sin grandes despliegues públicos.
El aumento de los operativos ocurre en un contexto de respaldo judicial parcial a las políticas migratorias del Ejecutivo, luego de recientes decisiones de la Corte Suprema que ampliaron su margen de acción en materia de inmigración.
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Sin embargo, el tribunal limitó iniciativas como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o visitantes temporales.
Analistas consideran que la actual escalada de arrestos refleja un endurecimiento sostenido de la política migratoria federal, aunque advierten sobre los desafíos logísticos y legales para mantener ese ritmo de detenciones.