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El abogado Víctor Eddy Mateo, afirmó este jueves en El Sol de la Mañana, que los femicidios-suicidios en República Dominicana se han convertido prácticamente en una “pandemia”, al referirse al reciente suceso ocurrido en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.
Mateo reaccionó al caso de Esmeralda Moronta de los Santos, quien fue asesinada presuntamente por Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, que posteriormente se quitó la vida con la misma arma utilizada en el hecho, una pistola Glock calibre 9 milímetros.
El jurista explicó que este tipo de hechos ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años y recordó que, durante una investigación realizada cuando coordinaba la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, detectaron un aumento significativo de suicidios vinculados a feminicidios y conflictos pasionales.
Indicó que en 2012 la tasa de suicidios se situaba en 1.6 por cada 100 mil habitantes y que para 2024 esa cifra ya rondaba entre 6.5 y 7 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
“El Estado tiene que sentarse y definir una agenda de temas específicos, porque esto se ha convertido prácticamente en una pandemia”, expresó Mateo, al insistir en la necesidad de abordar con mayor profundidad la salud mental y la violencia intrafamiliar en el país.
Durante su intervención, el abogado también abordó el paro convocado por jueces y servidores judiciales, respaldando las reivindicaciones salariales y laborales del sector.
Consideró que las autoridades judiciales han subestimado el malestar de los jueces y criticó que asesores del sistema perciban mayores salarios que magistrados que manejan cientos de expedientes diariamente.
Mateo denunció además la mora judicial, señalando que existen tribunales con procesos pendientes desde 2021 por falta de personal y recursos. También cuestionó decisiones de la Suprema Corte de Justicia que, según dijo, priorizan aspectos formales sobre el fondo de los casos.
El comentarista también criticó las disposiciones relacionadas con las licencias de conducir para mayores de 65 años y consideró que las restricciones no pueden aplicarse de manera automática sin evaluaciones médicas y técnicas individualizadas.
En ese sentido, afirmó que las decisiones sobre renovación de licencias deben estar sustentadas en estudios especializados y no únicamente en decretos administrativos, al tiempo que pidió una revisión técnica y jurídica de las regulaciones impulsadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.