El ciudadano Eduardo Almonte solicitó ayuda pública en el programa El Sol de la Mañana para lograr la aprobación de su pensión, tras denunciar que lleva cerca de dos años esperando respuesta de las autoridades, pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos.
Almonte explicó que el 21 de mayo de 2024 depositó la documentación correspondiente a sus años de servicio en tres instituciones del Estado: el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde laboró durante 17 años; el Ministerio de Educación, con 10 años; y el Ministerio de Salud Pública, donde trabajó 4 años. Con 62 años de edad, asegura cumplir plenamente con las condiciones para optar por la pensión.
El solicitante indicó que, tras someter su expediente, le informaron que el proceso sería evaluado en un plazo de 90 días. Sin embargo, desde entonces solo ha recibido respuestas repetitivas de que su caso “será visto en la próxima reunión”, sin que se le indique la necesidad de corregir o completar documentos adicionales.
Detalló que en un momento se le notificó un inconveniente con su cédula, debido a una discrepancia en su año de nacimiento, situación que corrigió presentando una certificación oficial de la Junta Central Electoral. A pesar de esto, afirma que las autoridades le confirmaron que ese problema ya estaba resuelto, pero el proceso continúa estancado.

Durante la intervención, los panelistas del programa señalaron que el proceso de pensión corresponde a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, aunque enfatizaron la necesidad de que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) actúe como canal para agilizar el caso.
Asimismo, explicaron que los fondos acumulados en el Ayuntamiento deben ser transferidos al Ministerio de Hacienda para completar el trámite, lo que permitiría formalizar la pensión del solicitante.
El equipo del programa hizo un llamado directo al director de la DIDA, para que intervenga y se dé una respuesta concreta al caso, destacando que “las instituciones públicas están para resolver problemas, no para prolongarlos”.
El caso de Eduardo Almonte pone en evidencia las dificultades que enfrentan algunos ciudadanos para acceder a sus derechos adquiridos tras años de servicio al Estado, en medio de procesos burocráticos que, según denunció, carecen de respuestas claras y oportunas.