Un tribunal de Jarabacoa impuso una condena de 10 años de prisión a Eliezer Sánchez, tras ser encontrado culpable de agredir sexualmente a una mujer. La pena se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, ubicado en la provincia La Vega.
La fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena, quien representó al Ministerio Público durante el juicio, explicó que se presentaron pruebas contundentes que respaldaron la acusación ante los jueces Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, del Segundo Tribunal Colegiado de la jurisdicción.
La investigación, liderada por el fiscal Scarling Polanco, estableció que Sánchez fue detenido en flagrante delito el 25 de diciembre de 2024, tras ejercer violencia verbal y física, amenazar de muerte a la víctima, agredirla sexualmente y cometer tentativa de violación, además de incumplir una orden de alejamiento.
El expediente señala que los abusos ocurrieron en varias ocasiones dentro de la vivienda de la víctima cuando esta se encontraba sola. Uno de los episodios ocurrió el 25 de mayo de 2024, cuando Sánchez irrumpió violentamente en la casa y comenzó a tocar a la mujer mientras manifestaba su intención de abusar sexualmente de ella; el acto fue interrumpido por un hermano de la víctima que acudió al escuchar sus gritos.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó diferentes tipos de pruebas, incluyendo documentos, testimonios, peritajes, material audiovisual y certificados médicos, que demostraron la responsabilidad penal del condenado.
Sánchez fue hallado culpable de infringir varios artículos del Código Penal Dominicano, según lo modificado por la Ley 24-97, que regula los delitos de violencia de género.
La sentencia también incluye medidas accesorias que buscan proteger a la víctima y prevenir futuros actos de violencia, como la prohibición de acercarse a la mujer y a sus familiares durante el tiempo que dure la condena. Las autoridades recordaron que la ley establece protocolos de seguimiento para garantizar que los condenados cumplan con las restricciones impuestas por el tribunal.
El caso ha generado reacciones entre organizaciones locales de defensa de los derechos de las mujeres, quienes destacaron la importancia de la pronta actuación del Ministerio Público y del sistema judicial para sancionar delitos de violencia de género y enviar un mensaje de protección y justicia a la sociedad.