x
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, reveló este viernes la existencia de un presunto desfalco por 1,000 millones de bolivianos (aproximadamente 144 millones de dólares), en el cual habría estado involucrado el círculo familiar del expresidente Luis Arce, señalando de manera específica a su hijo, Marcelo Arce, como parte de una supuesta red criminal que operaba al margen de la empresa estatal.
Durante una conferencia de prensa, Akly explicó que una auditoría interna identificó irregularidades en dos contratos vinculados a la compra de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel, donde se habrían otorgado anticipos millonarios sin que estos fondos fueran devueltos o justificados adecuadamente por la empresa contratista. Según el presidente de YPFB, los anticipos ascendieron a más de 1,000 millones de bolivianos, de los cuales la empresa Indueste solo habría cumplido con el 17.3 % del volumen comprometido, dejando un daño económico significativo para la estatal.
Akly detalló que la investigación reveló la existencia de una estructura financiera diseñada para movilizar recursos a través de YPFB Refinación, que habría servido como un “puente” para canalizar fondos y formalizar contratos que beneficiaron directamente al entorno familiar del expresidente Arce. Tras la detención de Marcelo Arce el pasado miércoles, las autoridades verificaron la existencia de dinero en efectivo, documentos oficiales de YPFB y otros elementos relacionados con la empresa estatal, reforzando la investigación.
La auditoría identificó que los contratos fueron supuestamente modificados de manera irregular, incluyendo cambios en los reglamentos internos de garantías, lo que permitió otorgar anticipos sin respaldo suficiente. El primer contrato, firmado en abril de 2024, implicó desembolsos por más de 400 millones de bolivianos, mientras que un segundo contrato, suscrito meses después, sumó cerca de 600 millones adicionales bajo condiciones similares.
El gerente de YPFB Refinación, Aquiles Pfeiffer, aseguró que existen evidencias documentadas que demuestran estas modificaciones y señaló que en ninguno de los contratos había garantías suficientes para respaldar los montos entregados, lo que generó un perjuicio considerable a la estatal.
En respuesta a estos hallazgos, YPFB presentó una denuncia penal contra la empresa Indueste y 14 personas vinculadas a la anterior administración de YPFB Refinación, acusándolos de contratos lesivos, incumplimiento contractual y conducta antieconómica, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes.